Empleados de Jardines de Zamora se toparon con la venta de maquinaria del servicio municipal en Wallapop

Trabajadores de Raga vieron pasar ante sus ojos maquinaria nueva de elevado coste, que utilizaron poco o nada antes de desaparecer de las instalaciones del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora para, al poco tiempo, toparse con alguno de esos aperos a la venta en Wallapop en 2020, detallaron ayer ante la jueza que investiga posibles delitos de corrupción en ese área municipal y un supuesto fraude de casi un millón de euros.

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El recuento de esas máquinas que se «volatizaron» casi de un día para otro incluía desbrozadoras, un toro de segar, una moto propulsada, una retroexcavadora y una destoconadora (para arrancar la base de los árboles una vez talados), de acuerdo con la versión de los empleados que dependían de la empresa que gestionó el servicio investigado entre el periodo entre 2014 y 2019 en el denominado caso Raga.

El listado aportado por personal de Raga incluye aspersores que superarían los 20.000 euros de coste, tuberías y aparatos de riego que nunca llegaron a instalarse; al menos, una docena bancos de forja para jardines, una fuente, vallas, juegos para parques infantiles y otro tipo de material adquiridos por la sociedad madrileña también investigada, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Ese mobiliario y equipamiento diverso recogidos en las instalaciones de la empresa ubicadas en el polígono de Los Llanos, también se esfumaron, admitieron algunos de los empleados de la concesionaria y testigos en esta causa para indicar que acabarían en fincas, viviendas o propiedades de los jefes más inmediatos. Un relato que ya recogen las diligencias de la Policía Nacional, de la Unidad de Delitos Económico y Violencia (UDEV) de Zamora que llevó a cabo las pesquisas respaldada por la UDEF de la Comisaría Central de Madrid.

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Algunos de esos testigos, cuya comparecencia comenzó ayer hacia las 10.15 horas y concluyó pasadas las 15.00 horas, se ratificaron en las declaraciones que realizaron en la Comisaría de Zamora, ante las insistentes preguntas de los cinco letrados de las defensas, que llevó a intervenir a la jueza para impedir la reiteración de preguntas, según fuentes próximas al caso.

Esas conductas habrían supuesto un importante fraude para las arcas municipales durante años, pero del que la UDEV solo habría podido probar 981.246 euros, la misma cantidad que la jueza que inició la instrucción acordó como fianza para garantizar el reintegro al Ayuntamiento si el caso termina en condena, a petición de la institución local.

Una supuesta trama en la que estaría imputado el jefe de ese área municipal durante 24 años, Alberto Vega Vicente (expedientado por el Consistorio, apartado de sus funciones en octubre de 2020, y ahora contratado por Tragsa); el exdirector y exconsejero delegado de Raga, el también investigado en la causa de iniciales G.R.G; al responsable del Grupo Raga en la zona noroeste, A.G.I.; el técnico de la empresa, E.G.C.; el encargado de los jardineros, S.M.M.; el jefe de ese personal, F.J.A.J.; la empresaria gallega incursa en otra causa por fraude con Vega Vicente, G.N.S.; y el trabajador J.M.D., vinculado a los talleres que reparaban la maquinaria del servicio de Jardines.

En el listado de investigados se agrega a las personas físicas que representan al Grupo Raga S. A., quienes recurrieron la fianza y alegaron la insolvencia de la misma que les obligó a venderla el 14 de febrero de 2020, sociedad que se ha dado en denominar Grupo Raga II y que niega ninguna vinculación con la anterior.

Una camioneta del servicio municipal junto a un jabalí muerto

La impunidad con la que, según parece, llegaron a actuar los investigados en el caso Raga les llevó a cometer excesos como «subir a una página de Facebook una foto en la que aparece una camioneta de Jardines junto a un jabalí muerto», indican fuentes próximas a la investigación, «la reconocimos por la matrícula», concretan.

La sospecha es que empleados de la concesionaria de Parques y Jardines la habrían utilizado para ir de caza. Ese es una de las múltiples ilegalidades o irregularidades que fueron anotando algunos de los diez trabajadores que han prestado ayer su testimonio. En total, pasarán más de la treintena ante la titular del Juzgado.

Suministros de gasolina

Los suministros de gasolina pagados con cargo a la concesionaria de los que se habrían beneficiado para consumo propio algunos de los investigados, entre ellos el exjefe de Parques y Jardines, así como del uso de las tarjetas que adjudicataria tenía para abonar el repostaje de los vehículos del parque del servicio municipal y que, de acuerdo con las pruebas obtenidas por la UDEV de la Policía Nacional de Zamora, se habrían utilizado también para llenar los depósitos de vehículos particulares de algunos acusados.

Los trabajadores volvieron a indicar que, en ocasiones, no contaban con combustible para poder utilizar alguna maquinaria. Entre la documentación obtenida por los agentes de la UDEV durante el registro del domicilio de Alberto Vega, actualmente en libertad bajo fianza de 60.000 euros, efectuado hace poco más de dos años, el 3 de marzo de 2021, cuando fue detenido, existen referencias a estas prácticas que implican delitos que van desde el fraude a la Hacienda Pública (a las arcas municipales) y malversación de caudales públicos a la falsificación de documento público.

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"Nos decían que no cobraríamos si no hacíamos obras a particulares"

«Nos decían que no cobraríamos si no íbamos a hacer los trabajos a particulares", las que les ordenaban superiores, "y ¿qué ibas a hacer?», preguntaban testigos de los que ayer acudieron a responder a las preguntas de los seis abogados que intervenían en los interrogatorios ante la jueza instructora del caso.

No solo fueron obras «en Moraleja del Vino, en el jardín» de uno de los imputados, el jefe más directo de estos empleados, otro acusado de iniciales F.J.A.J., quien llegó a hacer funciones de encargado, hicieron memoria los testigos, a quien también «le colocamos un juego infantil, tuvimos que ir dos veces».

Como esta, el resto de las obras ordenadas por superiores, nada tenían que ver con el servicio de Parques y Jardines de Zamora, aunque "se hacía en horario laboral, con maquinaria y material de la adjudicataria", como «un desbroce en Tordesillas», manifestaron varios trabajadores del área municipal que dirigió durante más de dos décadas como jefe el funcionario expedientado Alberto Vega Vicente, y uno de los principales investigados en esta causa judicial por delitos de corrupción.

Obras en la sierra salmantina y el supuesto chalé del delegado de Raga

Eso sí, confirmaron, que acudieron también a un municipio de la sierra de Salamanca en las mismas condiciones para «trabajar, supuestamente, en el chalé» del que era consejero delegado del Grupo Raga entonces, el también investigado de iniciales G.R.G., uno de los integrantes de la familia Raga que da nombre a la exconcesionaria.

«Pero yo creo que era mentira», coincidían en señalar varios de los convocados por los abogados que están personados en la causa en representación de las personas que presumiblemente gestionaron el servicio municipal de forma irregular e incluso cometiendo posibles ilegalidades; y por el letrado del Ayuntamiento de Zamora, Miguel Ángel Martín Anero.

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