Francisco Guarido llevará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la decisión de la Junta de no suspender al interventor municipal por llamarle "maltratador de mujeres" en el año 2017. Así lo ha asegurado hoy el propio alcalde de la ciudad, que presentó recurso ante la Junta y que ha visto como la administración autonómica no lo admite a trámite al no considerar a Guarido "parte interesada" en el proceso, algo que "parece una tomadura de pelo".
Los hechos se remontan a 2017, "cuando el interventor pronuncia una conferencia en Cartagena en la que vierte insultos contra el alcalde y los empleados públicos", dice Guarido. El alcalde entonces presenta recurso a la Junta por verse injuriado y el instructor propone cinco meses de sanción, algo que la Junta no hace.
Guarido ve en la decisión de la Junta un claro "tinte político contra un alcalde que no es de su cuerda. Nunca se entendió que el instructor del expediente propusiera cinco meses de sanción y la Junta resolviera en contrario y ahora ponga excusas diciendo que el alcalde no está legitimado en el expediente", dice el propio regidor municipal.
