El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido autorizar cautelarmente la "suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas", incluidos los juicios, " hasta el 25 de marzo, por existir riesgo para la salud de las personas o de propagación de la enfermedad. La decisión ha sido comunicada ya a las distintas Audiencias Provinciales y los jueces decanos de las provincias, entre ellas la de Zamora.
También se ha autorizado la suspensión de los plazos procesales hasta el 25 de marzo.
Quedan salvaguardadas de esta suspensión judicial cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables, los internamientos urgentes, las medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores.
En el registro civil se salvan de la suspensión la expedición de licencias de enterramiento; celebración de matrimonios; e inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.
Funcionarán también los servicios de guardia, las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, cualquier actuación en causa con presos o detenidos, órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores y actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
En el orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo continuarán, las autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y Recursos contencioso electorales.
En el orden Jurisdiccional Social se respetará la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes. Y en general proseguirán los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la obtención de la tutela judicial reclamada).
