"Para cambiar una bombilla, arreglar un bache o podar un árbol no hace falta la existencia de diferentes órganos y la privatización de servicios, con un simple alguacil se resuelve el problema de forma mucho más rápida, económica y eficaz (a no ser que se quiera financiar empresas familiares, partidos políticos o a los grandes municipios)".

La frase está extraida de una de las alegaciones que ya se han presentado al texto de reforma de la Ley de Ordenación del Territorio que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León para flexibilizar y simplificar el complejísimo galimatías de los espacios funcionales que se han demostrado casi imposibles de desarrollar en la práctica. La modificación de la ley tiene como objeto simplificar la tipología y terminología de espacios funcionales para la ordenación del territorio previstos en la normativa de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Una reforma diseñada para establecer nuevos criterios para la delimitación de los espacios funcionales, especialmente en el ámbito rural más acordes con la realidad territorial y poblacional, establecer un nuevo procedimiento más ágil y participativo para la delimitación de los espacios funcionales, suprimir la mayoría cualificada para la aprobación por ley de los espacios funcionales rurales y urbanos y simplificar la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general.

Una de las propuestas ciudadanas del espacio de participación apuesta por la comarcalización en base a los espacios de los grupos de acción local que están funcionando en la actualidad. "El medio rural en Castilla y León no necesita de la creación de nuevas infraestructuras administrativas, ni de nuevos crepúsculos de delegación de funciones. Lo que necesita es una mejor financiación, más ágil y mucho menos centralista".

Por ello propone aprovechar la actual estructura de los grupos de acción local, que "podrían ser el germen necesario para la gestación de las verdaderas comarcas, donde se generen con la opinión de sus representantes (alcaldes y tejido asociativo) las verdaderas necesidades de inversión y generación de futuro para sus comarcas".

Otras dos alegaciones se quejan de la falta de concreción de la propuesta que la Junta ha sometido a información pública, ya que está llena de generalidades sin precisión alguna y se habla de los principios de la modificación de la ley, pero no se da a conocer su texto concreto.

Hay una cuarta alegación, muy extensa y crítica con la ordenación territorial de la Junta. "Los esfuerzos baldíos e inoperantes que se están haciendo con este despropósito de la ordenación territorial podrían haberse volcado en iniciativas para el desarrollo de nuestros pueblos y así evitar la sangría poblacional que se está produciendo (apoyo a las actividades productivas, incentivos reales y estables a las empresas y autónomos del medio rural, redes viarias y de telecomunicaciones dignas y adaptadas a los tiempos que vivimos,...). Ya que las únicas iniciativas que se perciben consisten en facilitar la llegada de excrementos con las macrogranjas y sus mentores".