La Subdelegación del Gobierno de Zamora ha recurrido a sindicatos y organizaciones patronales zamoranas para buscar colaboración en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Así se desprende de la reunión celebrada esta misma semana, encuentro que sirvió de primera toma de contacto para la constitución del "Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social", un "órgano colegiado de participación, estudio y formulación de propuestas de actuación en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social". Lo que esta semena se ha constituido ha sido la Comisión Provincial de Zamora.
Dicha comisión se constituyó el pasado miércoles en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zamora. Está compuesta por una presidencia, que ocupa el director provincial de la Tesorería General, y un secretario, que es el subdirector competenten en recaudación en periodo voluntario. Forman además parte de la mesa como vocales dos trabajadores de la Tesorería, dos del INSS y cuatro de otros organismos. Además, hay dos representantes sindicales y dos de los empresarios zamoranos. "La lucha contra el fraude a la Seguridad Social es un objetivo prioritario para la Tesorería General de la Seguridad Social y como tal se enmarca este proyecto", apuntan las mismas fuentes.
El citado observatorio, del que forma parte la comisión de Zamora, está integrado en la Tesorería General de la Seguridad Social y dependerá directamente de su Dirección General. Entre otros, se impulsarán acciones que mejoren la prevención, detección y corrección del fraude y se propondrá la realización de estudios y análisis de datos para identificar posibles conductas irregulares y de fraude. Se promoverán además acciones y medidas dirigidas a la prevención del fraude y se propondrán actuaciones de control e inspectoras específicas. Por lo demás, los integrantes de la Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social tendrá que realizar el seguimiento de las acciones emprendidas, de los resultados que se obtengan y los recursos invertidos -para evaluar su eficacia- y divulgar el resultado de las acciones realizadas a los medios de comunicación para su posterior difusión a la opinión pública. Con esto se potencia la elaboración de iniciativas y propuestas para cambiar la normativa que regula la prevención del fraude.
