La dificultad de algunos sectores para controlar la jornada laboral de los trabajadores, ya que buena parte de ella permanecen fuera del centro de trabajo o desarrollan la actividad sin disponer de una sede física, está en el centro de la polémica normativa laboral aprobada por el Gobierno central del PSOE.
El objetivo de esta Ley que entró en vigor el 12 de mayo es, precisamente, mantener a raya las horas extraordinarias no computadas por las empresas, un 48% según los cálculos existentes, jornadas por las que se deja de cotizar a la Seguridad Social. La Ley da un plazo de dos meses para adaptarse a la norma y adoptar sistemas de seguimiento. El control de los descansos entre jornada laboral y jornada laboral de las plantillas es el otro objetivo de esta legislación que ha pillado descolocados a los empresarios, perdidos en lo que respecta a cómo cumplir con la nueva norma que corrige el Estatuto de lo Trabajadores este respecto.
Estos descansos no pueden ser inferiores a doce horas entre final e inicio de jornada ni a 36 semanales, aunque depende del sector al que afecte y sus peculiaridades, apuntan fuentes informadas. Cada semana de 2018 se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias en España.
