Entidades nacionales como la federación Plena Inclusión o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya han solicitado a la Junta Electoral Central que "anule con carácter inmediato" esta polémica instrucción por perpetuar el estigma contra la personas con discapacidad intelectual.
Una reivindicación que también es compartida por colectivos locales como la asociación Sanagua Aspace de parálisis cerebral o Feafes, la asociación de personas con enfermedad mental. Susana Gutiérrez, trabajadora social de Sanagua, reprueba la medida que deja a la libre interpretación de los agentes electorales la decisión de cuestionar o no el voto. "¿Por qué no se exige a otra persona ese conocimiento y esa forma de votar tan consciente?", se pregunta. A su juicio, no le parece "adecuado" ya que, siguiendo la misma regla de tres, también se podría aplicar el mismo control al resto de electores.
En la misma línea, la también trabajadora social de Feafes Mónica Muélledes, recuerda que "nadie más que un juez puede evitar que -las personas con discapacidad intelectual- voten y ese voto tenga el mismo valor que el del resto". A su parecer, estima que esta directriz está "fuera de sentido común" y que va en dirección contraria de la natural "evolución" de la sociedad hacia un mundo más igualitario. "Yo creo que es un poco marear la perdiz, sería para denunciar a la mesa", advierte.
