La Junta de Castilla y León estudiará de forma individual los casos de los vecinos de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que no pueden hacer frente a las cuotas de compraventa o arrendamiento fijadas en su día. Esa es la conclusión principal que extrajeron los responsables de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tras la reunión mantenida con el servicio de Fomento de la Delegación Territorial, un encuentro en el que también se confirmó lo que ya había adelantado el martes Alberto Castro: no habrá desahucios.
La portavoz de la PAH, Mena Martins, explicó tras la reunión que los afectados expusieron su problemática y plantearon las diferentes opciones que habían pensado para resolver el conflicto, unas posibilidades que se resumían en reestructuraciones de la deuda, reducción de las cuotas y modificación de unos intereses que, a juicio de la Plataforma, son "abusivos".
Sin embargo, la respuesta de la Junta fue recordar que los contratos "no son revisables". "Salimos sin ningún compromiso concreto", lamentó Martins que, eso sí, reconoció "la tranquilidad" que les da saber que "no van a desahuciar a nadie", un punto que la Administración tuvo que aclarar tras enviar cartas a los domicilios de los afectados en las que advertía de este riesgo.
La portavoz de la PAH explicó que la misiva llegó, en Zamora, a cientos de personas que se encuentran "en una situación económica decadente". Algunos de ellos cuentan con una vivienda en régimen de alquiler y otros de compra, pero la mayoría ha de hacer frente a un pago mensual que es superior a la mitad de sus ingresos totales, que se reducen a poco más de 400 euros de ayuda.
De este modo, Martins subrayó que, para muchos, "es imposible hacer frente al pago", por lo que han dejado de abonar las cuotas e incluso los gastos de comunidad. "El objetivo era iniciar una negociación para reestructurar la deuda y que pudieran hacer frente a las cantidades", indicó la responsable de la PAH, que remarcó que algunos vecinos llevan varios años sin pagar.
Martins apuntó que la situación afecta especialmente a zonas como la del matadero y, puntualmente, a partes de la Alberca, los Bloques o Pinilla: "Las cartas crearon inseguridad", lamentó la portavoz de la Plataforma, que reconoció que la Junta tiene interés en que los vecinos paguen, al menos, las cuotas correspondientes a la comunidad para tener una mejor predisposición a la hora de estudiar los casos. Eso sí, la Administración se ceñirá a lo que diga la normativa, según la PAH.
Precisamente, este grupo confirmó que las movilizaciones continuarán tras este encuentro con la Junta y Martins aseguró que se celebrarán reuniones periódicas para dar información puntual a todos los afectados.
