Ninguna prueba justifica que Jesús Villasante, exalcalde del PP en Galende, cometiera un delito de prevaricación al nombrar secretario municipal a José Manuel Puente Otero, quien desde 1985 ostentaba ese puesto de forma intermitente, puesto que desconocía que aquel incumplía el principal requisito: ser funcionario. La magistrada del Juzgado de lo Penal absuelve, pues, a Villasante de ese delito porque el nombramiento no se hace "a sabiendas de su ilegalidad", mientras subraya que cada vez que no había secretario titular se nombraba a Puente Otero por decreto del Alcaldía desde mucho antes de que él fuera elegido alcalde en 1995, como acreditaron los testigos en el juicio.

Nadie, tampoco, le advirtió de que esta persona "carecía de la formación necesaria para desempeñar la plaza", por lo que el exregidor popular siguió adjudicándosela por decreto hasta marzo de 2015, cuando la Junta de Castilla y León le comunica que es ilegal. "No consta que ningún organismo oficial le hubiera comunicado la irregularidad del nombramiento hasta el escrito de fecha 10 de abril de 2015", añade la sentencia, cuando "la Dirección de Ordenación del territorio de la Junta" le hace llegar el escrito indicado. El trabajador del Ayuntamiento de Galende era un auxiliar administrativo contratado en 1984, por tanto, personal laboral porque no había aprobado la plaza de funcionario, pero nadie lo sabía, el exmandatario municipal del PP tampoco.

La sentencia insiste en que "no consta que se comunicara ese extremo por parte de la Dirección de política territorial de la Junta ni por ningún otro organismo con anterioridad al oficio de abril de 2015", a raíz del cual Villasante desistió de nombrarle y solicitó a la Diputación Provincial que designara a un secretario interino para llevar el Consistorio.

La titular del Juzgado de lo Penal insiste en que no se han aportado pruebas ni de que el exdirigente municipal supiera que Puente Otero no tenía la formación ni de que no era funcionario, "por lo que, en virtud del principio in dubio pro reo", ante la duda de que se ha cometido el delito, dicta la absolución.

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Galende que desbancó a Villasante mandó elaborar un informe a la nueva secretaria sobre el personal de la institución y fue ella la que descubrió el engaño, que los socialistas denunciaron en Fiscalía.

Nadie sospechaba hasta abril de 2015, según manifestaron los testigos en el juicio, incluidos los concejales del PSOE que denunciaron la ilegalidad a la Fiscalía y llevaban décadas como ediles en el Ayuntamiento de Galende, que quien había ejercido como secretario municipal desde treinta años atrás incumplía el requisito básico para ocupar ese plaza, aunque fuera en interinidad, como venía ocurriendo. José Manuel Puente Otero, que falleció durante el procedimiento judicial ahora concluido, entró a trabajar en el Consistorio en 1984 como auxiliar administrativo contratado, plaza que nunca llegó a sacar, lo que legalmente le cerraba el paso para desempeñar las funciones de secretario, reservadas a funcionarios. Hasta 2013, para cualquier empleado con plaza en propiedad; a partir de ese año, a diplomados en Derecho y, desde 2015, a licenciados o grados.

Puente Otero consiguió desarrollar ese trabajo, con el sueldo, los trienios y el complemento de destino, simulando ser lo que no era y elaborando los informes perceptivos para que los sucesivos alcaldes le nombraran.