Un año después de entrar en el Ayuntamiento de Galende, en 1984 como auxiliar administrativo contratado, y hasta su cese en 2015, el exsecretario del Ayuntamiento de Galende, Manuel Puente Otero, se mantuvo en el puesto de secretario-interventor municipal interino, a pesar de la ilegalidad que suponía al ser personal laboral y no funcionario, lo que ha valido al exalcalde del PP Jesús Villasante la imputación de un delito de prevaricación. La Fiscalía exige al Juzgado de lo Penal una condena de 18 meses de inhabilitación y una multa de 1.800 euros para el exregidor por volver a nombrar a Puente Otero en el cargo el 26 de marzo de 2013, cuando a la condición de ser funcionario, la ley agregó la exigencia de disponer de una diplomatura en Derecho: Puente Otero carecía de ambos requisitos. En marzo de 2015, emitió un decreto para nombrarle nuevamente secretario, en el que acredita que Otero Puente es un funcionario con capacidad para asumir la Secretaría, lo que para la Fiscalía justifica la imputación por prevaricación.

Sin embargo, el abogado de la defensa insistió ayer en que a partir de 2013 es la Junta de Castilla y León la que nombra, aunque la propuesta venga avalada por el alcalde. El imputado, que manifestó que "hice lo que creí que era justo", indicó que "él dijo que era funcionario y me lo creí porque llevaba allí toda la vida".

Fue el alcalde del PSOE, José Manuel Prieto Ramos, el que presentó una denuncia ante la Fiscalía al descubrir la ilegalidad gracias al informe que encargó a la nueva secretaria, nombrada en agosto de 2015, sobre el exsecretario porque el partido Ahora Decide aseguraba que no era funcionario, declaró el regidor, concejal de Galende desde hace 30 años, quien afirmó que "creo que el anterior alcalde conocía" esa circunstancia, pero "lo mantuvo". Villasante se escudó en que lo desconocía, puesto que el exsecretario de Galende (fallecido durante este procedimiento judicial) ya ejercía tales funciones cuando él tomó posesión como alcalde por primera vez, cargo político que ocupó durante 20 años, a lo largo de los cuales nunca descubrió el engaño, "a mí nadie me advirtió, yo no sabía nada", declaró ante la magistrada del Juzgado de lo Penal.

Tampoco le sorprendieron las retribuciones que percibía el trabajador, "él era quien llevaba la secretaría y creo que era razonable lo que cobraba, con arreglo al puesto", el sueldo con trienios y complementos de destino como secretario-interventor, detalló en el juicio celebrado ayer. La Junta "también sabía" que ejercía como secretario, "acudió a reuniones conmigo", apostilló Villasante.

El director general de Ordenación Territorial y Administración Local de la Junta explicó que había situaciones puntuales de secretarios en situación irregular en cuatro o cinco ayuntamientos de Zamora porque los que tenían oposición aprobada no optaban y que antes de 2013 eran los alcaldes los que realizaban los nombramientos accidéntales. La Junta insta en junio de 2015 a Villasante a que acredite la condición de funcionario de Puente Otero, pero el cambio de Gobierno municipal deja el nombramiento en el aire.