Las argumentaciones de acusaciones y defensas se centran sobre todo en determinar quién tenía acceso a las claves bancarias para hacer desaparecer el dinero de los cooperativistas. Según unos era la administrativa de confianza de R.R. la que llevaba toda la gestión, hacía los clientes, resolvía papeleos y tenía poder legal para actuar en nombre de la cooperativa. Según otros era la administradora de la gestora Gescomar Norte la que sabía del asunto y mandaba en todo, y aunque formalmente no tenía acceso a las cuentas sí manejaba las claves para operar en el banco. Sin embargo, los que sí tenían firma para hacer y deshacer en las cuentas bancarias, que eran los tres miembros del consejo rector inicial de la cooperativa imputados aseguraron no saben nada del asunto: estaban ahí por amistad o relación familiar, los nombraron a dedo y firmaban lo que se les mandaba confiados en que no "tenía ningún riesgo".
