Desde su puesta en marcha en 2016, la lanzadera financiera de la Junta de Castilla y León ha apoyado el 90,7% de las iniciativas empresariales zamoranas presentadas beneficiando a cerca de 5.000 trabajadores de la provincia. De las 602 solicitudes propuestas hasta el momento, tan solo 4 han sido desestimadas y, por el momento, 546 han sido financiadas con una inversión total de 126 millones de euros, más de la mitad del valor de los proyectos (216 millones). Los datos fueron hechos públicos ayer por José María Ribot, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial, durante el acto de presentación de las nuevas ayudas ICE 2018.

Más de un centenar de personas se dio cita en el concurrido salón de actos del centro de salud Santa Elena para conocer de primera mano las novedades de esta nueva convocatoria de subvenciones que busca "apoyar proyectos de creación, inversión, crecimiento, innovación, tecnología e internacionalización de empresas, emprendedores y autónomos en Castilla y León", según señalan desde la Consejería de Economía y Hacienda. En otros términos, como resumía Ribot, "intentar captar más proyectos e intentar que no haya ningún proyecto viable que se quede sin desarrollar porque le falte financiación o apoyo por parte de la Junta de Castilla y León" para aumentar su competitividad.

Hasta la fecha, Zamora es la sexta provincia de la región o, dicho de otro modo, la cuarta por la cola, que más proyectos ha presentado desde la creación de la lanzadera financiera. Por sectores, el comercio acaparó el 30'7% de las iniciativas respaldadas seguida de la industria agroalimentaria (23,3%), el sector servicios (21,9%) y la hostelería (7,3%).

Pero con el fin de llegar a más sectores y financiar un mayor número de iniciativas, el ICE ha modificado los requisitos de acceso en esta nueva edición de las ayudas, cofinanciadas al 50% con fondos europeos. Así, la cuantía se ha incrementado un 15,4% llegando a sumar 71,7 millones de presupuesto y las bases han sido reestructuradas para "dar una respuesta más eficaz" a las necesidades y demandas del sector productivo autonómico. "En función de cuál sea el producto financiero se amplían tanto los posibles beneficiarios a otros tipos de empresas y sectores, como los conceptos subvencionables y el presupuesto mínimo y máximo asociado al proyecto empresarial que se tiene en cuenta al valorar si es susceptible de recibir apoyo público", explican.

Además, tal y como recogen las bases, entre otros criterios de valoración de los proyectos se primará su mantenimiento o generación de puestos de trabajo, su componente innovador o la incorporación de nuevas tecnologías. De hecho, el paquete de subvenciones con mayor dotación pretende fomentar la innovación a través de proyectos de investigación y desarrollo (I+D) que cuenten con la evaluación positiva de un organismo internacional y que no hayan recibido fondos públicos. Una línea enfocada inicialmente a autónomos y pymes con hasta 250 trabajadores que ahora se amplía por primera vez a empresas de hasta 1.000 empleados.