La Junta de Castilla y León ha informado a los delegados territoriales que, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y una vez que se aborde la próxima semana en Mesa General de Negociación, se incrementará el salario de sus empleados públicos un 1,5 % en su nómina del próximo mes de agosto, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Se trata de la máxima subida salarial que la Administración autonómica puede realizar en estos momentos, de acuerdo con la exigencia legal derivada de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en vigor desde el pasado jueves.

Literalmente, esa exigencia legal para todas las Administraciones Públicas indica que en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 % respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 % se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 % de incremento salarial.

Esta Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 continúa exponiendo que se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 % de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

La subida de las pensiones en territorios como Zamora, con una de las medias más bajas de todo el país, se queda en máximos de 25 euros por persona y mes. Un incremento que a duras penas se acerca para cubrir la pérdida de poder adquisitivo a la que este colectivo, con 50.000 personas en la provincia, se ha visto sometido. Los sindicatos, por esta razón, piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que vaya "más allá" y se apliquen en el futuro subidas acordes al IPC. Así lo explican desde la organización UGT, que considera que la medida aplicada en los Presupuestos Generales del Estado "contiene cambios temporales, parciales e insuficientes, que no corrigen la pérdida de poder adquisitivo y los recortes que han sufrido los pensionistas desde la reforma de 2013".

La solución pasa, para las organizaciones sindicales, por reconocer en el Pacto de Toledo que la subida de todas las pensiones conforme al IPC sea un derecho "universal y esencial". Algo que se ha reclamado en la provincia de Zamora durante los últimos meses en las diferentes manifestaciones que han sacado a miles de pensionistas a protestar a las calles.