12 de mayo de 2018
12.05.2018

Guarido abre la puerta al diálogo tras la sentencia del Castillo

El alcalde reconoce que todavía no ha habido un acercamiento entre las partes "de manera oficial"

12.05.2018 | 12:34
Turistas visitan el Castillo de Zamora.

Tras la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar los cerca de 300.000 euros de la rehabilitación del Castillo al arquitecto Francisco Somoza, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, apuntó que aunque la intención del equipo de Gobierno es recurrir la decisión de la juez, "se podría llegar a algún tipo de acuerdo con la otra parte".

En este sentido, Guarido apuntó que está abierto "a cualquier acercamiento que quiera emprender la otra parte", lo que no es óbice para continuar también la vía del recurso. "Tenemos muy claro que vamos a ir al recurso ante la Audiencia primero y, si procede, ante el Tribunal Supremo", enumeró. Estas medidas, por tanto, "pueden alargar el proceso en el tiempo, por lo que abrimos también la posibilidad del acercamiento, pero es algo que tiene que valorar la otra parte", volvió a incidir.

Ese acercamiento se traduciría, según el alcalde de la ciudad, "en discutir la situación del tercer y cuarto proyecto, que la otra parte ha ganado, pero que tendría que valorarlo", invitó.

Por último, Guarido confesó que todo posible contacto para esta posibilidad "no se ha realizado de manera oficial".

Según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la capital, el Ayuntamiento de Zamora tendrá que abonar a Francisco Somoza los 296.283,97 euros que la Fundación Baltasar Lobo adeuda al arquitecto zamorano por las últimas fases de la rehabilitación y recuperación del Castillo.

La vinculación "directa" entre la Fundación Lobo, que preside el alcalde y de la que son patronos los grupos políticos y el Ayuntamiento, hace, según se asume en la sentencia, que el equipo de Gobierno fuera conocedor de la contratación del proyecto y de los pormenores de las fases y su coste, del que el propio Somoza informó "puntualmente". Así, frente a la negativa en su día del pago, según la juez "debe prevalecer la forma de actuación" que hubo desde el inicio del proyecto, en 2005, con la fundación recibiendo los fondos del Ayuntamiento para los pagos.

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