El jurado decidirá si el exalcalde de Peleas de Abajo, Marcelo Jurado, cometió un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con otro de apropiación indebida, al cobrar dietas del Ayuntamiento sin justificar por importe de 14.559,51 euros y pesar del informe de ilegalidad emitido por la secretaria interventora, delito por el que la Fiscalía Provincial exige cuatro años y medio de prisión y 9 años de inhabilitación para empleo o cargo púbico.

El caso, que la magistrada del Juzgado número 4 de Zamora ha remitido ya a la Audiencia Provincial para que fije fecha de juicio, parte de la denuncia presentada por el actual equipo de Gobierno, detectada tras toparse con talones entregados por diferentes pagos en concepto de dietas sin justificar entre el 20 de abril de 2007 y el 29 de agosto de 2009.

Las actuaciones contra el ex teniente de alcalde y tesorero municipal, Bernardo Prieto Pascual, se han sobreseído, a petición del fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, quien ha investigado la denuncia interpuesta por el actual equipo de Gobierno liderado por el entonces concejal independiente Félix Roncero, quién asumió la alcaldía en las elecciones de 2011 y repitió como alcalde por el PP en las de 2015.

Los nueve ciudadanos que conformen el jurado deberán decidir sobre la culpabilidad de Marcelo Jurado, imputado por "actuar con el propósito de obtener y beneficio económico", objetivo para el que llevó a cabo la "expedición de un mandamiento de pago y/o cheque por importe de 14.559,51 euros sin justificar en ningún momento las dietas", indica el escrito de solicitud del fiscal jefe de apertura de juicio oral por el delito de malversación de caudales públicos, que debe celebrarse ante un jurado. De Vega Irañeta agrega que el exregidor municipal recibió "dietas a cargo de las cuentas bancarias" que el Ayuntamiento tenía abiertas en Caja Rural, "sin justificar en ningún momento tales dietas, pese a tener la obligación de acreditar su importe" y sin tener en cuenta "el reparo de ilegalidad y advertencia de improcedencia de pago" que efectuó la secretaria interventora, ingresos que oscilaron entre los 235 euros y los 3.788,59 euros.