La idea de pagar peaje en las autovías públicas, que se agitó durante los tiempos más duros de la crisis económica, vuelve a estar sobre la mesa. Se han encargado de resucitarla las grandes constructoras con un objetivo, el de financiar, dicen, el coste del mantenimiento y liberar fondos públicos. Según sus cálculos, "bastaría" con un peaje de diez céntimos de euros por kilómetro. La medida afectaría en Castilla y León a una extensa red de más de dos mil kilómetros. Zamora es la provincia de la región que más kilómetros de vías de alta capacidad tiene, con 333, seguida de Valladolid, Salamanca y León. La implantación de esta medida obligaría a pagar, por poner un ejemplo, más de cinco euros y medio por realizar el trayecto entre la capital zamorana y Salamanca.

Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, trabaja ya en un estudio detallado sobre el impacto que tendría en España la articulación de peajes en la red de autovías, así como los ingresos que generaría y sus retornos fiscales para las arcas públicas. Según sus cálculos, para recaudar el importe necesario para mantener las autovías sólo sería necesario un peaje de diez céntimos, "menos de la mitad de lo que pagan los camiones", según la patronal.

También Seopan advirtió del coste de 400 millones de euros anuales que, según sus cálculos, supondrá para el Estado hacerse cargo y mantener las cuatro autopistas de peaje cuyo plazo de concesión vence en los próximos años, en caso de que en esa fecha se suprima el pago. Se trata de la AP-1 (Burgos-Armiñón), de la AP-7 (Tarragona-Alicante), de la AP-4 (Sevilla-Cádiz), dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Sin embargo, la Cámara de Contratistas de Castilla y León rechaza esta medida ya que considera que sería "contraproducente" puesto que generaría "desigualdades". "Las autovías en Castilla y León están dentro de lo que podemos considerar infraestructuras básicas y prioritarias, necesarias para el desarrollo económico y social", señaló a Ical su presidente, Enrique Pascual. "Establecer peajes no deja de ser una medida disuasoria para el uso de una determinada infraestructura, y esto limitaría el movimiento de personas y mercancías, lo que afectaría negativamente al desarrollo de la comunidad", añadió el presidente de los contratistas castellanoleoneses.