El Fiscal mantuvo ayer la petición de dos años de cárcel para cada uno de los dos representantes legales de la empresa de transportes Mavecar, con domicilio en Portugal, acusados de falsear un justificante de pago de 12.800 euros a la harinera Hermanos Sánchez Maldonado en pago de un pedido de 40 toneladas que les sirvió la firma zamorana ubicada en la capital en julio de 2012.

La Fiscalía exige que se imponga a los dos procesados, de iniciales C.M.A.S.G. y de nacionalidad portuguesa, y a J.L.T.C., de nacionalidad española y residente entonces en Portugal, el pago de 12.800 euros como responsabilidad civil y el pago de la tercera parte de las costas.

El Ministerio Público retiró los cargos contra la hermana de uno de los imputados, ambos de nacionalidad portuguesa y primeros socios de Mavecar, al entender que únicamente había figurado como socia para facilitar a la creación de la empresa en 2008, ya que la legislación lusa exigía para su constitución dos socios, según manifestó la joven durante su declaración en el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial.

Sin embargo, el fiscal no fue tan benévolo con el imputado español, J.L.T.C. (con antecedentes por hurto), quien declaró en el juicio que fue víctima del otro acusado y de una tercera persona, un ciudadano portugués, que actuó de intermediario, de iniciales C.M.S., quien le ofreció poner a su nombre la empresa Mavecar que era propiedad de C.M.A.S.G., quien la fundó con su hermana. El español recibía a cambió dinero, 2.000 euros, indicó, y aceptó porque tenía dificultades económicas, declaró en el juicio. En noviembre de 2011 la empresa pasó a estar a su nombre. El procesado, que manifestó haber sido el primer sorprendido cuando la Guardia Civil le detuvo por la presunta estafa, aseguró que su papel se limitaba a "firmar todo lo que me ponían delante", pero que desconocía el contenido de los documentos porque estaban escritos en portugués, idioma que desconoce aunque su esposa es de esa nacionalidad. Del mismo modo, desconocía lo que se hablaba en reuniones porque también se celebraban en portugués. Los cheques que firmaba, admitió, estaban en blanco, pero accedía a plasmar su rúbrica porque no desconfiaba de su exsocio y de quien creyó que era su amigo, C.M.S., a quien achaca la apertura de varias cuentas bancarias de la sociedad, pero a su nombre. El imputado español sostiene que fue víctima de los dos ciudadanos portugueses y que no tuvo ninguna participación en el pedido de las 40 toneladas de harina.

Por su parte, el fundador de la empresa negó haber mantenido ninguna vinculación con la firma que vendió al otro procesado, que debía entregarle 125.000 euros por la compra, pero solo pagó 20.000 euros, según su versión. Se deshizo de la firma porque quería emigrar a Angola, si bien finalmente no pudo y creó otras empresas en Portugal.

La acusación particular se sumó a la petición de la Fiscalía respecto de la exsocia de Mavecar, al tiempo que solicitaba, al margen de los dos años de prisión para cada uno de los dos imputados, una multa de 6.000 euros por el delito de estafa, la condena por falsedad en documento a un año y medio de prisión y al pago de otra multa de 6.000 euros a cada uno. Las defensas solicitaron la absolución para los imputados.