Ramón Álvarez continúa recibiendo apoyos políticos. Si a mediados de la semana pasada fueron los miembros de Izquierda Unida los que se acercaron hasta el lugar donde el zamorano, de sesenta años, mantiene su huelga de hambre -hoy se cumple el noveno día-, ayer fue el turno de Podemos, representado por su secretario regional Pablo Fernández, María José Rodríguez Tobal y Braulio Llamero.
Fernández aseguró que la formación morada impulsará en las Cortes de Castilla y León leyes que permitan que "situaciones como esta no se vuelvan a repetir" y, segundo y más urgente, instará a la Agencia Tributaria a que se siente a negociar formas alternativas de pago con la familia toresana.
"Estamos hablando de la vida de las personas. No es un esfuerzo muy grande para la Agencia Tributaria el hecho de levantar un embargo y que Ramón mantenga su medio de vida. Es muy grave que en este país las administraciones y la gente que las gobierna puedan jugar así con la salud de las personas".
Con unas escuetas palabras fruto de la debilidad acumulada tras más de una semana sin comer, Ramón Álvarez aseguró que se siente "cada vez más débil" pero "mi intención es seguir, hasta donde llegue". Eso sí, pidió a Hacienda y a sus responsables que "se den prisa" porque "esto tiene fecha de caducidad. Cinco o seis días más puedo aguantar, pero no sé si llegaré más allá", zanjó.
Mientras, la PAH y la Unión de Campesinos de Castilla y León, colectivos que ayudan a Álvarez y a su familia en este caso, intentan sentarse a negociar directamente con los responsables de la Agencia Tributaria en Valladolid. El acuerdo que se plantea es "de mínimos. Que se mantenga el embargo y que se pare la subasta mientras la familia vaya pagando, poco a poco, la deuda contraída", apuntan fuentes de la negociación.
