"La empresa" Promer que impulsó el edificio Mercantil de Benavente "murió por inanición", una maniobra de sus socios y familiares, como colaboradores, que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega Irañeta explicó con el "desplazamiento del capital" hacia otra empresa, Trantor Minipax. Se crea expresamente para eludir el pago de 310.510,12 euros al Ayuntamiento de Benavente correspondientes a sanciones urbanísticas por exceder alturas y contravenir el Plan de Urbanismo, por lo que el fiscal pidió al Juzgado de lo Penal dos años de prisión a cada uno de los cuatro imputados por alzamiento de bienes. Mantiene que Trantor nace al conocer que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León falla a favor del Ayuntamiento en 2010.
Las operaciones de compraventa de viviendas y garajes de los procesados, el exarquitecto municipal y exconcejal del PP de esa institución, Román Ávila García, su esposa, su hijo y el socio, comenzaron a formalizarse después de enero de 2008, tras el fallo del Juzgado Contencioso, agregó De Vega. "La voz cantante" la llevaba quien fue nombrado apoderado de Promer en febrero de ese año, tres días después del fallo judicial, dijo el fiscal. De Vega Irañeta llamó la atención sobre el hecho de que la compraventa de inmuebles se iniciara ese año.
El otro socio, J.F.L., apoderado de Promer, la esposa, M.P.V.C., administradora, y su hijo, F.R.A.V., se limitaron a adquirir viviendas, garejes y trasteros para no dejar "un solo bien" y evitar el pago al Ayuntamiento. "Comienza el reparto de bienes", dijo, el Ministerio Público, que cifró en 2009 la compra de algunos bienes.
Licencias paralizadas
La defensa sostuvo que se compraron los inmuebles entonces porque antes no se podía escriturar por la paralización de la obra y de licencia por el expediente municipal abierto por las infracciones.
Las adquisiciones se realizaron, agregó el letrado, para, precisamente, propiciar que Promer pudiera hacer frente a los pagos que tenía pendientes porque las informaciones aparecidas en los medios de comunicación habían perjudicado las ventas de los pisos.
El fiscal, que se mostró sorprendido de que el hijo de Román Ávila, con 16 años, ya tuviera propiedades en el edificio. Les acusó de actuar así para "impedir el embargo, "ellos han provocado la situación, ha vaciado la sociedad, una situación que sigue porque el Ayuntamiento no puede cobrar" a día de hoy. La Administración local concluyó en 2006 el expediente sancionador por exceder la altura permitida y otras irregularidades urbanísticas menos graves contra Promer, creada solo para promover el edificio del Mercantil.
Por su parte, la defensa aseguró que sus clientes aportaron capital en 2002, 2003 y 2004, 468.000 euros pagados antes de febrero de 2005, antes de la sanción de Ayuntamiento y que Trantor se constituyó en 2010 como sociedad de ingeniería y arquitectura para que el hijo de Ávila pudiera ejercer al acabar sus estudios. El otro socio de Promer, J.F.D.L., dijo ayer que tenía relación solo con la esposa de Ávila, que únicamente se constituyó para construir el edificio y que le debe aún 300.000 euros. Dijo desconocer si había pleitos con el Ayuntamiento por las infracciones del Plan de Urbanismo y que se enteró "por la prensa".
