La recuperación ambiental de las zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en escombreras ilegales de la provincia es el objetivo del convenio suscrito entre la Diputación y la Junta de Castilla y León por un importe de 1,8 millones de euros con una duración de tres años. Una de las vertientes del acuerdo -y la más costosa, que será asumida por la administración regional- implicará la restauración de las áreas dañadas a consecuencia de la acumulación de desechos. El medio millón de euros que aportará la Diputación irá destinado a la adquisición e instalación de contenedores en todos los pueblos donde se sellen las escombreras con el beneplácito de los municipios afectados así como los gastos de recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos de construcción y demolición procedentes de obras menores. Los ayuntamientos deberán aportar una cuantía económica por estos gastos -aún por determinar- y, a su vez, podrán establecer una ordenanza para repercutir parte del coste a los usuarios.
El proyecto se iniciará este año con ocho escombreras seleccionadas por la propia Junta de Castilla y León a raíz de denuncias contrastadas. Es el caso de los vertederos de Coreses, El Perdigón, Villar del Buey, Villaralbo, Gallegos del Río y Fuentesaúco, estos dos últimos municipios, con dos vertederos cada uno. En cualquier caso, "nuestro objetivo es llegar a todos los pueblos de la provincia, aunque el proceso arrancará por estos seis municipios", planteó el portavoz popular Aurelio Tomás.
El convenio contó con el respaldo de todos los grupos a excepción de IU, que optó por la abstención, "pero no porque no compartamos la necesidad de tomar medidas sino porque el proceso de selección de los pueblos no está claro y porque al final se van a beneficiar los que tienen denuncias por hacer mal las cosas", argumentaron los diputados del grupo.
La sesión plenaria en la que se aprobó el convenio a dos bandas sirvió también para acordar la implantación de un buzón de sugerencias agrarias donde "nuestros agricultores y ganaderos puedan expresas opiniones, ideas y propuestas que crean que deben formar parte de la política agraria comunitaria en un futuro", apuntó David Carrión, diputado de Ciudadanos, ante el anuncio de la UE de lanzar una consulta sobre la reforma de la PAC en el periodo 2021-2027. También salió adelante por unanimidad la petición de IU de rechazar la medida del Gobierno de incorporar un impuesto especial a las bebidas carbonatadas y azucaradas e instar a las instituciones a realizar campañas de consumo saludable.
