Zamora tendrá un nuevo contrato de la ORA a principios de verano -en torno al mes de julio- después de trece años anulado. Así lo prevé el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, que dictaminó ayer el pliego de condiciones del servicio de cara a su previsible aprobación el próximo jueves en sesión plenaria extraordinaria.

El contrato tendrá una vigencia de diez años y respeta las tarifas establecidas en el anterior pliego que tumbó el Tribunal de Recursos Contractuales a iniciativa de un recurso del grupo popular. En este sentido, los precios por fracciones por hora será de 0,40 euros en el año 2017, medio euro de 2018 a 2020 y 60 céntimos durante 2021 y 2022 hasta llegar a los 0,70 euros desde 2023 hasta la finalización del contrato, en 2027.

Después de más de una década arrastrando un contrato anulado, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento lanza un contrato cuyo valor rondará los 7,1 millones de euros, "con la previsión de ingresar 2,6 millones a las arcas municipales y una inversión total para la ciudad de casi 600.000 euros", explicaron ayer el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antidio Fagúndez.

La adjudicación de las empresas que opten al contrato se realizará conforme a dos criterios: el económico y el de mejoras, este último, incorporado a los nuevos pliegos. Con respecto al puramente monetario, la baja económica se primará hasta el 70% mientras que el 30% restante valorará la instalación de pantallas informativas -con un valor de 8.000 euros cada una- y de parquímetros, ya que el pliego incluye un mínimo de 70 con una distancia por debajo de los 50 metros entre cada dispositivo.

El pliego garantiza la subrogación de la plantilla actual, formada por once trabajadores, si bien se prevé un estudio económico que deje la puerta abierta a la contratación de tres empleados más, lo que ampliaría la plantilla hasta los catorce operarios.

La resolución del Tarcyl a raíz de una denuncia del grupo popular obligó al equipo de Gobierno a confeccionar un nuevo pliego de condiciones para separar los servicios de grúa, ORA y aparcamientos subterráneos, que inicialmente iban agrupados. Esta modificación "no implica que el anterior pliego fuera ilegal, sin embargo, no queríamos demorar más la situación con recursos", precisó Guarido. El alcalde insiste en que este cambio supone "un perjuicio económico, ya que el Ayuntamiento ingresará menos dinero".