18 de noviembre de 2016
18.11.2016

Los bienes del acusado servirán para garantizar el pago al Estado

18.11.2016 | 00:16

El Juzgado que investiga el caso de fraude a la Seguridad Social, prácticamente concluida la instrucción del asunto, se centra ahora en determinar de qué bienes dispone el acusado, de iniciales C.Ch.V., para garantizar que el INSS podrá recuperar los 550.000 euros que le defraudó con el cobro durante 17 años de la pensión de su abuelo fallecido.

Los testigos y funcionarios del INSS han prestado declaración ya ante el juez, en presencia de la fiscal y del abogado de la Tesorería de la Seguridad Social, con lo que, una vez confesados los delitos y localizados los bienes del acusado, el magistrado procederá a dictar el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Este paso conlleva la imputación del funcionario para que la Fiscalía Provincial elabore su escrito de acusación y, después, el abogado de la Seguridad Social. Será entonces cuando se dicte al auto de apertura del juicio oral y el abogado de C.Ch.V. presente escrito de defensa. El asunto será juzgado con toda probabilidad por la Audiencia Provincial. La confesión del exfuncionario ha agilizado la causa, que podría ser juzgada en pocos meses.

El exjefe del INSS rehabilitó la pensión de su abuelo muerto en 1999, cuatro años después del óbito del anciano nacido en los últimos años del siglo XIX. Y lo hizo convirtiéndola en una de gran invalidez para cobrar el 150% de la base de cotización, como permite la Ley en estos casos.

El funcionario, jubilado este mismo año, está acusado de manipular también una de las pensiones de su padre, la del Régimen Especial Agrario, para incrementar la base de cotización del 70% al 100%, al objeto de que percibiera más pensión al jubilarse. Este familiar también percibió una de autónomo.

El exjefe de control de pensiones del INSS puede enfrentarse a penas de hasta seis años de prisión por el fraude cometido contra el Sistema de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, se establece el ingreso en prisión a "quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública". El Código Penal establece que las penas de prisión oscilarán entre los dos y los seis años "cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros", cuantía que en este caso se sitúa en 550.000 euros. Además, este delito conlleva una multa del tanto al séxtuplo de lo obtenido ilegalmente. El funcionario, de iniciales C.Ch.V., también debe responder de la falsificación de documentos públicos, los certificados de defunción, fe de vida y DNI, castigado con prisión de tres a seis años.

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