El Ayuntamiento de Zamora liquidó el pasado ejercicio 2015 con 1,54 millones de euros consignados a la denominada cuenta 413, es decir, el asiento contable de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a un presupuesto. Según un informe del departamento que dirige Cristóbal Montoro recogido por la agencia Ical, las entidades locales de Castilla y León -tanto ayuntamientos como diputaciones- liquidaron el ejercicio pasado con 28,6 millones consignados a esta controvertida cuenta, que se infló de tal manera durante los peores años de la crisis que obligó al Ejecutivo estatal a poner en marcha en 2012 el denominado Plan de Pago a Proveedores para poner al día las deudas contraídas por las instituciones.
Contratación de servicios
En el caso de los ayuntamientos, el de Zamora se encuentra en la parte baja de la tabla. Ocho instituciones municipales de la provincia liquidaron 2015 con 2,19 millones de euros. No obstante, las capitales de provincia fueron las que acumularon las cuantías más elevadas de la contratación de bienes y servicios sin consignación presupuestaria prevista. En concreto, Zamora registró 1,54 millones, según los datos recogidos por la agencia Ical.
El documento constata, no obstante, que 446 ayuntamientos de Castilla y León no reimitieron información sobre el uso de este asiento contable al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En Zamora, 54 ayuntamientos no lo hicieron.
En cuanto a las diputaciones, Zamora, Salamanca, Soria y León no hicieron uso de la cuenta, mientras que la de Valladolid consignó 2,27 millones a 31 de diciembre; la de Ávila, 657.963 euros; la de Palencia, 243.147; la de Segovia, 47.025; y la de Burgos, 12.538.
El departamento ministerial remitió una nota informativa a las entidades locales para recordar a las corporaciones la necesidad de dar cumplimiento a la obligación de controlar el desarrollo de la cuenta 413. La norma a la que se refiere el Ministerio indica que "en las entidades de las administraciones públicas no sujetas a auditoría de cuentas se efectuarán anualmente los trabajos de control precisos para, mediante técnicas de auditoría, verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria". La norma afecta a aquellas entidades del sector administraciones públicas que no están sujetas a auditoría de cuentas, para las que deben de efectuarse trabajos de control al objeto de comprobar la existencia de las obligaciones recogidas en la citada cuenta.
