El Gobierno reconoce que los garajes de la Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Zamora no se adaptaban a la normativa, razón por la cual se están llevando a cabo las obras de reforma durante las últimas semanas. Sin decirlo expresamente, el Ejecutivo asegura que las obras "tienen la función de adecuar las dependencias del Subsector y Destacamento a la normativa existente". Por tanto, "si hay que adaptarlas es porque no cumplían", asegura la diputada socialista Mar Rominguera, impulsora de la pregunta que ha propiciado esta valoración del Ejecutivo nacional.
Las obras que se vienen llevando a cabo tienen varios aspectos fundamentales, al menos según la valoración que hace el Gobierno de la nación. Se ampliarán los vestuarios y se separarán los masculinos de los femeninos. Se mejorará la calidad de los espacios y recorridos incorporando "recorridos accesibles" y un "aseo-vestuario accesible" en la planta baja. También se mejorará la protección contra el fuego mediante la incorporación de una boca de incendio y se potenciará el aislamiento contra el ruido mediante la separación de las oficinas y vestuarios del resto del garaje. Siempre según el Gobierno "una vez finalizadas las obras, las dependencias reunirán las condiciones necesarias para la prestación del servicio, no se apreciará obsolescencia alguna y no será necesario su traslado (el de los agentes de Tráfico) a otro inmueble".
"No es suficiente"
Las obras de reforma que se están llevando a cabo en los garajes de la calle Villalpando no son suficientes para los trabajadores, que reiteran que lo mejor hubiera sido dedicar el dinero destinado a las obras (más de 250.000 euros) a la adquisición de una nave donde trasladar la actividad.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya se apuntó que el hecho de construir una nave que sirva de garaje tendría un coste muy similar a la obra, extremo que fue desmentido por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Jerónimo García Bermejo. Las reivindicaciones de la AUGC vienen de lejos, pues ya se trasladaron las primeras quejas al respecto en el año 2011 a la entonces subdelegada del Gobierno, Clara San Damián.
