20 millones de euros. Esa es la indemnización que pide Iridium Aparcamientos -empresa que lleva el servicio de la ORA y los aparcamientos subterráneos de San Martín y plaza de la Constitución- al Ayuntamiento de Zamora. La cuestión se arrastra ya desde el año 2004, cuando se anuló el contrato firmado entre el Ayuntamiento y la empresa por "no haber anteproyecto económico". La sentencia se hizo firme en 2006.

Desde entonces, apunta el alcalde Francisco Guarido, la empresa que presta el servicio de la ORA lo hace sin contrato, lo que es "una ilegalidad manifiesta". De hecho, según hizo público ayer Guarido, los juzgados han condenado ahora al Ayuntamiento por "desobedecer reiteradamente" las decisiones judiciales, que obligaban al consistorio a licitar el servicio desde hace varios años. Al estar la empresa trabajando sin contrato, "hace aproximadamente un año dijo que quería irse", algo que "se podría prever". El Ayuntamiento tendrá que licitar el servicio en los próximos tres meses, aseveró el alcalde.

Así las cosas, de los últimos hechos se derivan dos cuestiones diferentes: la licitación y la indemnización. La primera debe ser inmediata para proceder a la segunda. Sin embargo, el Ayuntamiento aspira a rebajar la cuantía de 20 millones al considerarla desproporcionada.

El contrato que después se anuló contemplaba que la empresa construiría los aparcamientos subterráneos -San Martín y plaza de la Constitución- y explotaría el servicio durante 35 años para obtener rentabilidad. La empresa, según Guarido, pide el montante que costó la construcción de los aparcamientos -unos cinco millones de euros incluyendo los modificados según los cálculos del Ayuntamiento- y los beneficios que ha dejado de recibir al no haber prestado el servicio durante el tiempo inicialmente previsto. El Ayuntamiento entiende que, aunque el contrato fuera anulado, lo cierto es que la empresa ha percibido unos beneficios durante los años que ha prestado el servicio. "Habrá que tenerlo todo en cuenta pero presentaremos una cifra considerablemente inferior", apuntó el alcalde, que no se atrevió a dar una cifra concreta.

Guarido criticó la "estrategia" del anterior equipo de Gobierno, "que pretendía tener el servicio sin contrato durante 35 años para evitar la indemnización". Esto, apuntó el alcalde, "es reírse de la justicia, porque hay una sentencia que anula el contrato y dices que da lo mismo, que se siga prestando el servicio". El Ayuntamiento, continuó el de Izquierda Unida, "no puede caer en el incumplimiento de una sentencia. Nosotros", aseguró Guarido, "vamos a solucionar la situación, y pedimos a los ciudadanos que evalúen quién causó el problema y quién va a resolverlo". El problema, según el alcalde, "se arrastra desde que gobernaba Antonio Vázquez".