El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital zamorana ha admitido a trámite la demanda de un trabajador de la empresa Cadarso XXI contra el ex abogado y el ex tesorero del Ayuntamiento de Zamora a los que acusa de un delito de prevaricación administrativa y desobediencia a la autoridad al considerar que ejecutaron un embargo judicial para que pudiera cobrar 25.000 euros que le adeudaba la empresa Cadarso XXI. Este complejo procedimiento comenzó en marzo del 2011 cuando el demandante presentó una reclamación de cantidad en el Juzgado de lo Social de Valladolid, dónde se determinó que la empresa Cadarso XXI -encargada de ejecutar las obras del antiguo matadero-adeudaba al empleado 25.000 euros. Dos meses después, y ante el incumplimiento de la sentencia por parte de la promotora, se presentó una demanda de ejecución forzosa por parte del trabajador.
La denuncia presentada por el trabajador destaca que en julio de 2011 de decretó embargo "del importe de los créditos que la ejecutada tenga pendiente de cobro del Ayuntamiento de Zamora por los trabajos realizados para el mismo, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas". Cadarso XXI tenía pendiente de cobrar una serie de importes por obras que habían acometido a cargo del Ayuntamiento de la capital. Ante este cruce de escritos, Cadarso XXI argumenta que se deje sin efecto este embargo ya que consideran que el demandante "no reúne las cualidades de subcontratista, ni suministrador, ni trabajador de la obra contratada por lo que solicita que no procede este embargo de los créditos que la constructora ostenta frente al Ayuntamiento". Por su parte, el abogado del Consistorio en ese momento y uno de los demandados, alegó ante el juzgado las mismas razones de la empresa y manifestó que el demandante no estaba vinculado a la obra a la que se refería el embargo. Ante estas alegaciones, el Juzgado de lo Social de Valladolid se vuelve a mostrar firme y sigue adelante con el embargo, según consta en la denuncia. A pesar de que el juzgado volvió a reiterar el embargo de esta cantidad al Consistorio y ante la falta de contestación, el juzgado requiere al Ayuntamiento el cumplimiento del auto "bajo apercibimiento de que de no verificarlo podrá incurrir en un posible delito de desobediencia bajo mandato judicial". El Consistorio se pronunció en enero de 2013 a través del Tesorero e indica que "queda anulado el embargo". Una anulación, que según estima el demandante, solo puede llevar a cabo la autoridad judicial por eso, el escrito señala que "no solo no se han respetado los mandatos judiciales, sino que se ha procedido irregularmente y en perjuicio de mi mandante". Asimismo, califican como "inaceptable" la actuación del Ayuntamiento de Zamora que ha impedido que el trabajador cobrara la deuda de 25.000 euros.
