El Ayuntamiento de Zamora asegura en un comunicado que, lejos de ordenar el pago inmediato, el auto reconoce el derecho del Ayuntamiento a solicitar medidas cautelares para garantizar que pueda recuperar el dinero en el supuestos de que el Tribunal Constitucional atienda el recurso municipal y anule la indemnización.

En el mismo escrito se destaca que tampoco está cerrada la cuantía económica que el Ayuntamiento debe pagar en concepto de indemnización ya que, frente a la reclamación de la empresa por gastos financieros, el Ayuntamiento ha pedido que se revisen a la baja los ya incluidos en la sentencia que declara la lesividad.

Por lo tanto, y en su caso, antes de que el Ayuntamiento haga efectivo el pago tendría que concretarse la cuantía exacta de la indemnización y establecerse por parte del juzgado las medidas cautelares para recuperar el dinero.

El derecho del Ayuntamiento a que se establezcan medidas cautelares es lo que ratifica el auto al que hace referencia IU y que resuelve el incidente de imposibilidad de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento en base el hecho de que la empresa está en concurso de acreedores. Lo que dice el auto, según asegura el equipo de Gobierno municipal, es que la sentencia sí puede ejecutarse aunque con las medidas cautelares que garanticen que el Ayuntamiento puede recobrar su dinero.

Desde hace más de un año, el Ayuntamiento tiene consignada y reservada la partida económica necesaria para hacer frente a la indemnización en el supuesto de que ésta tenga que efectuarse, aunque continua defendiendo sus intereses ante los tribunales de justicia.

La anulación de la operación de compra del edificio por parte del Ayuntamiento ha sido un proceso judicial largo y complicado que todavía no ha llegado al final, pero supone en realidad, aunque se confirmase la indemnización, un importante ahorro económico para el Ayuntamiento. En este sentido, sí el ayuntamiento hubiera mantenido su vinculación a este contrato los pagos a la empresa en concepto de alquiler habrían superado ya con creces la posible indemnización, sostiene el mismo escrito. El cambio de ciclo económico, la pérdida de valor de los inmuebles y la bajada del precio del alquiler es lo que llevó al ayuntamiento a deshacer esta operación y buscar alquileres más baratos para sus oficinas con un ahorro de casi el 50% anual, concluye el comunicado.