El matadero del Grupo Cárnico Magnus, sobre el que pesaba un contrato de arrendamiento con derecho a compra por 4 millones de euros, ha pasado ya a manos de Caja Rural, tras cancelarse dicho documento al entrar la industria en concurso de acreedores e iniciarse la fase de liquidación de la misma por las elevadas deudas acumuladas, de 11,6 millones a corto plazo.

Una vez anulado el contrato del arrendamiento financiero inmobiliario (leasing), el inmueble se ha inscrito ya a nombre de Caja Rural, dada la imposibilidad de ejecutar la opción de recompra por los propietarios del Grupo. El Juzgado Mercantil de Zamora ya ha dado el visto bueno al trámite oportuno para que el matadero pase a manos de la entidad financiera, uno de los principales acreedores del Grupo Cárnico que entró en concurso a finales de junio de 2013.

En mayo pasado, el magistrado dio el visto bueno al proceso de liquidación de la sociedad, al fracasar los intentos de reflote de la empresa y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los múltiples acreedores, "en su mayoría entidades financieras, a las que adeuda 11,2 millones de euros", indicaron entonces fuentes de la empresa. El Grupo pasó a la fase de venta, lo que implica la disolución de la empresa y rompía las perspectivas de mantener la industria de ovino sin perder el mismo nombre. La Administración Concursal presentó un plan de liquidación, que se ejecutará en breve, tras ser aprobado por el juez para vender la empresa y poder hacer frente a la deuda, cuyo montante global nunca se ha llegado a hacer público.

La continuidad de la actividad se prolongó hasta el 2 y el 7 de octubre pasado, cuando la Administración perdió toda esperanza de llegar a algún acuerdo de compra con alguna empresa del sector cárnico. Sobre ese objetivo se trabajó sin éxito desde que los dueños de la industria presentaron el concurso voluntario en el verano de 2013, cuando las dificultades económicas de esta sociedad zamorana arrojaron "una deuda de 11,6 millones a corto plazo", según las mismas fuentes.

Los 48 trabajadores que permanecieron en plantilla tuvieron dificultades para cobrar el finiquito y el último mes, tras la presentación del ERE definitivo que se formalizó en agosto bajo el acuerdo de percibir tales retribuciones que reclamaron a las puertas del martadero el 15 de octubre, cuando amenazaron con denunciar a la Administración Concursal por incumplirlo.