La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha desplegado en la Comunidad una red de parques públicos de alquiler social con un total de 131 viviendas para atender a familias que hayan sido desahuciadas o que se encuentren en riesgo de exclusión social. De ellas, 29 se encuentran en distintos puntos de la provincia de Zamora. De momento, no existe "lista de espera" para acceder a una de estas casas que se complementan en los grandes municipios, los que tienen más de 20.000 habitantes, con otra bolsa municipal de unos 260 pisos, que se gestionan de acuerdo a informes de los servicios sociales.
Asimismo, el departamento de Antonio Silván aplica desde hace un año un nuevo modelo de gestión de las viviendas desocupadas de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de atender las necesidades de los colectivos más golpeados por la crisis. En el debate parlamentario sobre política general de 2013, el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, planteó la creación de parques públicos con las casas sin inquilino del Ejecutivo y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para ofrecer alquileres sociales.
La implantación de la medida ha sido diferente. Mientras los ayuntamientos han continuado en general con sus programas municipales de acceso a la vivienda, el Ejecutivo autonómico aprobó unas semanas después un paquete de medidas urgentes, que recogió posteriormente una ley consensuada en el diálogo social. Además, movilizó su parque de viviendas desocupadas, generando por un lado una reserva para casos de especial vulnerabilidad, con unas 20 casas ocupadas en la actualidad (una en Burgos, cinco en Salamanca y 14 en Valladolid), atendiendo todas las solicitudes.
También, configuró un parque público que actualmente cuenta con 131 viviendas disponibles para familias que necesiten realojo en casos de desahucio o exclusión social, siempre que no puedan acceder a una vivienda por sus propios medios. Por ello, las solicitudes de los demandantes se canalizan a través de los diferentes servicios territoriales de Fomento, de acuerdo a los informes emitidos por los servicios sociales correspondientes.
Fuentes de Fomento destacaron que no existe una "lista de espera" para acceder a estas viviendas, si bien insistieron en que se conceden de acuerdo al cumpliendo de los requisitos de acceso. Además, la Consejería destacó que preferentemente se garantiza que la casa se encuentre ubicada en su lugar de residencia. Para ello, disponen de viviendas en unos 50 municipios de la Comunidad, tanto en el medio urbano, como en el rural.
Parque autonómico
Respecto al parque de viviendas de la Junta, están disponibles para ser ocupadas un total de 131 viviendas. De ellas, tres se encuentran en Ávila (dos en Ávila y una en El Tiemblo), once en Burgos (cuatro en Briviesca, una en Miranda de Ebro, cinco en Pradoluengo y una en Roa) y 24 en León -una en Astorga, una en Cacabelos, tres en Gradefes, una en La Robla, cuatro en León, tres en Ponferrada, una en Toreno, cinco en Torre del Bierzo, una en Vega de Espinareda, tres en Villablino y una Villamanín de la Tercia).
También cuenta con 37 en poblaciones palentinas Aguilar de Campoo (una), Alar del Rey (una), Carrión de los Condes (una), Cevico de la Torre (una), Guardo (una), Osorno (tres), Palencia capital (26), Paredes de Nava (una), Saldaña (una) y Venta de Baños (una). Además, cuenta con una en Fuentes de Oñoro y otra en Béjar, Salamanca; ocho en Segovia -dos en Cuéllar, una en La Granja, una en San Rafael, una en Turégano y tres en la capital-. En la provincia vallisoletana la oferta se amplía 17, distribuidas en Íscar (tres), Mayorga (una), Medina del Campo (dos), Montemayor de Pinilla (una), Pedrajas de San Esteban (una), Pozaldez (una), Quintanilla de Onésimo (una), Tordesillas (cuatro) y la capital (tres).
Finalmente, en Zamora dispone de 29 viviendas. Estas se encuentran en Alcañices (tres), Benavente (seis), Bermillo de Sayago (una), Fuentelapeña (una), Santibáñez de Vidriales (una), Toro (tres) y Zamora capital (14).
Bolsas municipales
En Ávila, el Ayuntamiento cuenta con 17 viviendas que gestionan directamente o ceden a asociaciones sin ánimo de lucro, estando todas ellas ocupadas. En Palencia, el Consistorio dispone de 61 viviendas en propiedad, de las que 58 se dedican al alquiler social. También, el Ayuntamiento soriano tiene cinco pisos que utilizan en caso de urgente necesidad y realojos.
El Ayuntamiento de Valladolid inició en noviembre con diez viviendas de titularidad municipal el programa de alquiler social. Se trata de rentas asequibles por lo que un piso de 80 metros se puede arrendar por 136 euros al mes. La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) se encarga del proceso de selección de las unidades familiares, mientras que la Concejalía de Bienestar Social analiza sus situación. Además, una vez firmado el contrato de arrendamiento, las familias pueden solicitar una ayuda de emergencia.
Por su parte, el Ayuntamiento de la capital salmantina tiene 78 viviendas que destina a usuarios con escasos recursos. De ellas, 59 están ocupadas por familias sin recursos, y otras 19 se dedican al alquiler, pero con precios reducidos que oscilan entre los 50 y los 100 euros al mes, no superando en ningún caso el 14 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
De la misma forma, el Consistorio de Zamora capital maneja un parque de 31 viviendas de alquiler social para atender las necesidades de familias en dificultades de la ciudad. Un modelo similar aplica Laguna de Duero (Valladolid) que dispone de dos viviendas, que actualmente se encuentran ocupadas.
Fórmulas alternativas
Por otra parte, ayuntamientos como Medina del Campo (Valladolid) o San Andrés del Rabanedo (León) no gestionan un parque público sino que cubren las necesidades del municipio con casas de particulares. De hecho, la localidad leonesa atendió a 53 personas (18 hombres y 35 mujeres) con esta fórmula. También, el Consistorio de Burgos optó el pasado año por una línea de ayudas al alquiler para familias desahuciadas, de las que se beneficiaron 24 familias. Además, hace unos meses acordó devolver íntegramente el impuesto de plusvalías a las familias que han perdido su casa, a través de un proceso de desahucio, desde 2011.
