Si la reclamación del impuesto cobrado de forma indebida a través del combustible parece una tarea relativamente sencilla para los profesionales -que conservan las facturas por una obligación contable- recuperar el dinero resultará una misión «casi imposible» para los ciudadanos, que necesitan no solo los tickets, sino también las facturas de repostaje en las que se identifique el tributo.

Desde las organizaciones de consumidores aseguran que los particulares pueden cursar la reclamación «siempre que dispongan de las facturas» y «no hayan pasado cuatro años» por lo que la cuantía solicitada se restringiría a solo dos años. El impuesto existen en la actualidad, pero el Gobierno se encargó de adecuarlo a la normativa en enero de 2013.

Las cifras en juego pueden ser discretas para cada particular, pero en el conjunto del país, las administraciones llegaron a recaudar 13.000 millones de euros entre los años 2002 y 2011. En 2012, hasta trece comunidades, entre ellas Castilla y León, utilizaban el tributo para financiar el gasto sanitario.

Organizaciones de defensa de los consumidores como Facua han celebrado el pronunciamiento de la Unión Europea, dado que ya cuestionó la medida por «injusta e insolidaria» cuando comenzó a aplicarse. A su juicio, la sanidad pública debe ser financiada sólo por impuestos directos, de forma que paguen más quienes tengan mayor nivel adquisitivo.