El revuelo que ha seguido a la publicación de los resultados de la prueba de conocimiento que la Comunidad de Madrid realiza a los futuros profesores, y que reveló que ocho de cada diez no supo responder preguntas con el nivel equivalente a un alumno de 12 años, ha traído cola.

Desde los sindicatos de Enseñanza no han tardado en mostrar su rechazo a la redacción de este informe y al modo de publicarlo, que «desacreditan a la totalidad del profesorado de todas las redes de enseñanza», se pronuncian desde el sindicato educativo Anpe.

Para lo profesores, la administración educativa madrileña ha querido desacreditar «al conjunto del profesorado únicamente para lanzar una cortina de humo sobre su verdadera pretensión: continuar con la escalada de recortes en Educación y en los servicios públicos esenciales», señalan.

Además, los profesores ponen sobre la mesa la denuncia de que «ahora, cuando quieren ahorrarse el devengo de retribuciones de los interinos con más años de experiencia, se nos presenta como incompetentes», se expresan ante el informe que desvela que muchos maestros no supieron contestar a preguntas como las provincias por las que pasan los ríos Duero, Ebro y Guadalquivir.

Para Anpe constituye un agravio sin precedentes, «más injustificado aún cuando los españoles han demostrado su confianza en el profesorado en la última encuesta del CIS», lamentan.

En su opinión, la administración educativa diluye en una polémica lo que debería ser abordado con el mayor rigor y seriedad: la mejora de la educación en España, «una verdadera prioridad y un asunto de Estado y no de partidos». En este sentido, el sindicato considera que «demoledor sobre el prestigio de todos los docentes» el impacto mediático de la noticia, así como de las Universidades que forman a los futuros maestros.

Lo que se ha conseguido, según sus palabras, es «trasladar a la sociedad mensajes corrosivos sobre los profesionales de la educación y sembrar inquietud en las familias. La sociedad debe saber que sus hijos están en buenas manos, que los profesionales de la educación son competentes y dignos de confianza, y que el fin último de esta campaña es precarizar el empleo público docente en beneficio de otros intereses», responden los maestros.