Saben que se enfrentan a un gigante, una importante cadena de supermercados, pero «ya no tenemos nada que perder, nos han arruinado mientras ellos obtenían unos beneficios salvajes y el hasta 13% de ganancias que nos prometieron a nosotros» no solo se desvanecía, sino que «nunca lo vimos». Quienes así hablan son Alberto Rodríguez Salvador y Margarita Vega Moreno, los primeros expropietarios de una franquicia terciarizada de la capital de la sociedad de supermercados DIA, que se han decidido a cursar una denuncia contra esa cadena de Distribución Internacional de Alimentos por lo que consideran una «estafa».

Son la punta de lanza de los 23 integrantes de la Asociación de Afectados de Supermercados de España dispuestos a acudir a los tribunales. Con ese objetivo crearon la organización, asesorada por un importante bufete de Madrid que «durante nueve meses ha tratado, sin éxito, de negociar con DIA» una salida para estas familias que han perdido «todo», explica otro de los damnificados, el valenciano Manuel Carlos Jiménez. Pesan sobre sus espaldas «deudas que van desde los 120.000 euros al millón», según denuncian. «Hay muchos perjudicados, en España y en Portugal, pero no hablan por miedo» a posibles represalias de la influyente cadena, «algunos todavía están con su tienda franquiciada y tienen miedo de dejarla, presionados» por la multinacional.

La clave de esa supuesta estafa está, aseguran los perjudicados, en el sistema de funcionamiento que impone DIA, «único proveedor por contrato», con el que «el margen de beneficios por la venta de lotes de ofertas se lo quedan ellos, tú no lo ves. Para ellos es un negocio redondo», agrega el valenciano Manuel Carlos Jiménez que hipotecó su piso «ya pagado para poder remodelar la tienda» que montó con la franquicia e iniciar un negocio que debía haberle reportado beneficios, «ellos te lo presentan como viable», y que terminó por endeudarle en «unos 120.000 euros».

De hecho, todos los afectados coinciden en señalar que sus tiendas reportaban ganancias, «nosotros llegamos a vender como para sacar 6.000 euros limpios al mes según sus cálculos iniciales», apunta el zamorano Rodríguez. Pero «nunca vimos beneficios, salvo en los primeros meses», desde mayo de 2010, cuando abren, hasta enero de 2011. Aunque resultan ficticios porque para entonces «acumulas deudas en la tarjeta que te obligan a tener para pagar los camiones de pedidos». La cadena, entre las condiciones del contrato, exige el abono de los pedidos a través de esa tarjeta, «si pretendes pagar en mano, no te dejan» como pudo comprobar el matrimonio zamorano, que lo intentó al observar que la fórmula estipulada por DIA les impedía controlar ese gasto.

Tampoco podían decidir sobre la reposición de productos, «son ellos lo que lo establecen y no lo hacen en función de los artículos que tienen más salida o menos en tu tienda, ni de los que tienes en estocaje», aclara el zamorano, quien consiguió convencer a su esposa, la titular de la franquicia, de cerrar el negocio antes de que la deuda de 80.000 euros se disparase más. En cuanto a las ofertas, donde verdaderamente está el margen de beneficio para las franquicias terciarizadas, «si tú puedes vender el producto un 10% más caro de lo que te lo sirve la cadena, ese porcentaje en el que residiría sus ganancias tendrían que devolvértelo, pero no lo hacen. Y la devolución es con el precio de coste sin IVA, esto es vender bajo coste, que está prohibido», explica Alberto Rodríguez. Además, «cuando comenzamos a vender ese producto en campaña, la cadena ya nos obliga a hacerlo a un precio más barato del que hemos abonado». Ahí está otro agujero que se lleva los ingresos que debería percibir el dueño de la tienda, «la diferencia no la ganas y pierdes el margen de beneficio».

Los cupones de descuento se convierten en otra de las trampas, ya que «tú no tienes el control sobre los que canjeas por productos y no puedes saber lo que la cadena te debe pagar de ahí». Al final de cada jornada, «solo tienes la tira de lo que has vendido por caja», el extracto diario, «pero sin especificar qué productos se corresponden con ofertas, los famosos «dos pro tres», «el segundo al 70%», etc.; ni los cupones de descuento, no sabes cuántos has pasado por caja ni de qué productos», concretan los denunciantes. Y es que «las cajas de estas tiendas en Castilla y León están centralizadas en Valladolid, en Villanubla, desde donde se controlan todos los establecimientos». Es allí donde «tienen la información sobre esas ofertas y cupones, esas promociones», que el propietario de la tienda franquiciada no llega a conocer. Por eso, están en sus manos y saben que será muy difícil conseguir vencer en los tribunales.