El Sindicato Médico de Zamora, por boca de su secretario Tomás Toranzo, afirmó que «respalda» la última decisión del Gobierno de la nación, que empezará a cobrar a los inmigrantes sin permiso de residencia por utilizar el servicio público de salud.
A partir del próximo 1 de septiembre, los inmigrantes irregulares tendrán que abonar una cuantía (algo parecido a una póliza) de 710,40 euros al año para poder disfrutar del servicio público de salud (59,20 euros mensuales). Por otra parte, si estas personas se encuentran por encima del umbral de los 65 años, el importe a abonar aumentará a 1.864,80 euros (115,40 al mes). De esta manera, el Ministerio no esperará a que caduquen las tarjetas sanitarias en manos de inmigrantes sin permiso de residencia (que duran dos años) y las dejará todas sin efecto el primer día del mes que viene.
En este sentido, Toranzo manifestó que «no nos parece una mala idea, siempre que no se discrimine a la gente por ser o no inmigrante. Actualmente también hay españoles que no tienen derecho a cobertura sanitaria, y no es lógico que haya españoles que no tienen ese derecho mientras que los inmigrantes sí».
«Habrá gente que al oír esto se rasgue las vestiduras», continuó Toranzo, «pero cuando los españoles vamos a determinados países no tenemos derecho a cobertura sanitaria mientras que al revés sí sucede». «Aun así, se mantiene la atención urgente gratuita, que también se podría cobrar», concluyó.
Según los cálculos del sindicato médico, esta nueva medida del Ejecutivo afectará a 2.000 inmigrantes irregulares aproximadamente. Más pesimistas son las estimaciones de Lucica Loliceru, trabajadora de la asociación de inmigrantes «Prismas del Mundo». Loliceru cree que «si en Zamora hay más o menos 8.000 inmigrantes, creemos que alrededor del 40% de ellos se verá afectado» por la nueva medida del Gobierno. Esto significa que aproximadamente 3.200 personas tendrán que empezar a pagar en la provincia si quieren utilizar la sanidad pública.
Loliceru apuntó que es «imposible, tal y como están las cosas, que un inmigrante sin permiso de residencia pueda hacer frente a un gasto de más de 700 euros para poder usar los servicios médicos. Es inasumible». «Desde nuestro punto de vista», afirmó, «creemos que están cargando sobre los inmigrantes todo el peso de la crisis. Parece que la mala situación de la Seguridad Social es debida al mal uso que hemos hecho los inmigrantes de ella durante muchos años, cosa que bajo mi punto de vista no ha sucedido».
