Mantener la independencia de los ayuntamientos es la premisa principal que esgrimen los alcaldes de la provincia de cara a la propuesta de un nuevo modelo de ordenación del territorio propuesto desde la Junta de Castilla y León. El proyecto está todavía en estudio y desarrollo, pero los mandatarios provinciales quieren que su voz se oiga antes de que el plan se haga firme. La propia Junta remitió la semana pasada a los alcaldes de la provincia, a través de la consejería de la Presidencia, el proyecto y ahora son ellos quienes tiene que presentar sus alegaciones al respecto.

Por ese motivo se reunió ayer el equipo directivo del Consejo de Alcaldes, con la presidenta, Manuela Crespo, y los vicepresidentes, Luis Segovia y Marcos Casado, al frente, para realizar una primera valoración. «Es muy difícil evaluar el documento, pero todos los alcaldes estamos de acuerdo en que lo que la Junta nos proponga no puede afectar a la independencia de los ayuntamientos», subrayó Crespo, quien también añadió que este nuevo orden territorial «tiene que reforzar el papel de los ayuntamientos, y no disminuirlo».

Aun así, reconoció que los mandatarios están abiertos «a recibir ayuda y apoyo, porque no somos capaces de defender algunas de las competencias que tenemos», pero precisó que habrá que estudiar si determinadas funciones «dependen de la población, porque es cierto que a menor censo hay competencias que no se pueden llevar a cabo, pero los municipios de más de cinco mil habitantes podrían mantener sus competencias».

En este sentido, el alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia, consideró que la Diputación Provincial «debe asumir alguna de las competencias que muchos pueblos pequeños no pueden afrontar», pero también precisó que se deberían mantener las competencias propias de los ayuntamientos «porque somos los únicos que realmente estamos elegidos democráticamente de manera directa por el pueblo para su administración».

A pesar del periodo de alegaciones abierto por la Junta de Castilla y León para la elaboración del nuevo modelo de ordenación territorial, tanto el alcalde de Morales de Toro como el de Gema del Vino, Marcos Casado, mostraron su escasa confianza con las pretensiones de la administración regional. «Nos han dado un mes de plazo para reunirnos y poner en común propuestas, pero finalmente seguro que hacen las cosas como ellos quieren. No tengo ninguna esperanza en que tengan en cuenta nuestra aportaciones», se lamentó Casado, aunque aseguró que no por ello iba a renunciar a participar en las reuniones con el resto de alcaldes.

Por su parte, Luis Segovia adelantó que «en una primera vista» del documento remitido por la Junta a todos los alcaldes de la provincia, no estaba de acuerdo «en absoluto», remarcando que estaba «totalmente en contra» con la idea de que se cree un nuevo sistema, para tener un nuevo gasto y una nueva dirección. «¿Para qué todo eso si ya estamos nosotros aquí?», se preguntó.

En lo que sí que está de acuerdo es en que a los ayuntamientos les eximan de competencias que no les son propias «como los colegios o los centros médicos, que son cuestiones asumidas por la Junta y de las que se debe responsabilizar y pagar, porque lo estamos haciendo nosotros con unos recursos que no tenemos», recordó.

Por último, y con respecto al tema de las mancomunidades, el alcalde de Morales de Toro admitió que podrían ser absorbidas finalmente por la Diputación «ya que la mayoría se encarga poco más que del servicio de basura y eso supondría un ahorro tanto para nosotros como para ellos», reconoció.