Acusado de estafar más de un millón de euros a 60 clientes mientras fue director de una oficina de una entidad de ahorros entre abril de 1987 y marzo de 2007 en Villanueva del Campo, la Fiscalía, que afirma que actuó «guiado por un propósito de procurarse un beneficio económico», sostiene que se aprovechó de la confianza de los titulares de las cuentas bancarias para «adueñarse» de su dinero, detrayendo fondos de sus cuentas a plazo fijo e imitando sus firmas para procurarse reintegros.
Una auditoría interna descubrió finalmente las irregularidades cometidas por el responsable de la sucursal de la entidad, J.B.E., que reintegró todo el dinero defraudado por su trabajador, sin asumir el abono de otros 56.050 euros de los que se apropió tras imitar la firma de los titulares de una cuenta bancaria para poder hacer un reintegro.
El procesado, que reconoció ante notario su comportamiento delictivo, accedió a devolver 888.854 euros a su ex empresa, pero la entidad financiera se vio obligada a desembolsar otros 137.106, 76 euros relativos a otro fraude que habría cometido después de haber comparecido ante notario.
Ahora se enfrenta a peticiones de siete años de prisión y una multa de 1.800 euros por parte del Ministerio Fiscal por estafa y falsedad documental; mientras que la entidad de ahorro exige seis años de reclusión y multa de 3.240 euros, además de la responsabilidad civil. El abogado del imputado rebaja hasta los seis meses el tiempo de cárcel.
El procesado será hoy juzgado en la Audiencia Provincial, durante una vista oral a la que está convocada una treintena de testigos para reconstruir cómo actuaba el hombre a quien muchos de ellos confiaron sus ahorros para verse después perjudicados por tal confianza, según la denuncia del fiscal. Este mantiene que el ex empleado de banca, en lugar de ingresar las cantidades que recibía de sus clientes en la entidad de ahorro, se «las quedaba», para lo que hacía entrega a los inversores de «resguardos de imposiciones a plazo fijo que él mismo rellenaba sin validar informáticamente», a fin de que creyeran que aportaba las sumas en sus cuentas. Asimismo, utilizaba el sistema denominado «banca paralela», consistente en «abrir libretas ficticias a los clientes» que «no registraba en la contabilidad» de la oficina y de cuyos importes se apropiaba, de acuerdo con la denuncia formulada.
El procesado efectuaría diferentes operaciones para conseguir dinero para lo que no dudaba en suplantar las firmas o entregar documentos de reintegro en blanco en los que los estafados estamparían su rúbrica sin sospechar maniobra alguna que les pudiera perjudicar económicamente. Los titulares de las cuentas accedían porque el director de la oficina les aseguraba que precisaba de esos documentos para poder llevar a cabo inversiones que les beneficiarían, apunta la acusación pública. Las cantidades que recibía de sus clientes no quedaban plasmadas en los registros contables de la entidad.
En las diligencias seguidas en el Juzgado de Villalpando se dio por probado que el procesado realizó diversas operaciones fraudulentas desde 2003 hasta que fue descubierto por sus superiores cuando encargaron una auditoría interna.
