Doscientos zamoranos están afectados por la nueva regulación del sector fotovoltaico, según estimaciones empresariales. De esos doscientos, la mayoría son pequeños inversores que acudieron a créditos para convertirse en generadores de energía aprovechando la expansión del sector y unas expectativas de futuro que ahora creen defraudadas. Por ello, han decidido unirse y combatir lo que ellos creen que es una lucha en condiciones desiguales frente a las grandes compañías productoras de ramas como el gas o las eléctricas.

Los empresarios fotovoltaicos de la provincia rechazan las acusaciones de «caza-primas» o de contribuir al encarecimiento del recibo de la luz. «La mayoría son pequeños inversores que, en muchos casos, han recurrido a créditos» y que ahora tendrán que hacer frente a las nuevas condiciones que recortarán los resultados previstos conforme a la antigua normativa. Hasta ahora, el sector se beneficiaba de una garantía de 25 años con prórroga de otros 15 para el cobro de las primas establecidas por el Gobierno para las energías renovables. Pero a finales del pasado año el Gobierno reguló, por decreto, reducciones para los años 2011, 2012 y 2013 que supondrá para los productores recortes de hasta un 35%. Además, se ha eliminado el periodo de 15 años de prórroga para el cobro de primas. De esa forma, quienes hayan invertido en el sector verán reducido el negocio entre un 15 y un 30%.

Las medidas del Gobierno diferencian, además, cinco zonas geográficas en función de la insolación de cada una de ellas, lo que perjudica más al Norte, Castilla y León frente a Andalucía o Extremadura. Lo paradójico es que, según los empresarios, la producción es la misma puesto que, además de insolación son necesarias bajas temperaturas, por lo que las condiciones acaban siendo similares, independientemente de la ubicación de las plantas.

Los afectados explican que, aunque la tarta del sector se muestra cada vez más menguada (pese a que España es ahora excedentaria en la producción de energía, la crisis ha deparado una reducción en el consumo) cada vez son más los que pretenden obtener su pedazo del pastel. Y en esa lucha de poderes, los empresarios fotovoltaicos entienden que existe un trato discriminatorio que beneficia a las grandes compañías del sector hidroeléctrico o del gas frente a las energías renovables. Ello, a pesar de que algunas de las productoras emplean fuentes de energía cuya materia prima ha de importarse (como el gas de las centrales de ciclo combinado), con el consiguiente encarecimiento. Sobre la repercusión en las tarifas eléctricas niegan que la incidencia en el recibo de la existencia de esas primas sea determinante para subidas como la aprobada a principio de año. «El problema es de un sistema, el español, mal regulado» y que todavía incluye, por ejemplo, amortizaciones por la construcción de presas a las eléctricas. El resultado en el sector fotovoltaico es de un auténtico «caos» que los afectados aseguran que tendrá repercusión en el sistema financiero. «Unos 20.000 millones de euros de inversiones bancarias en España están seriamente comprometidos. Un 30% del sector procede de inversores extranjeros. La medida del Gobierno provocará aún más desconfianza en el mercado».