El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora recurrirá ante la Audiencia Provincial la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 que anula la adjudicación de la redacción del PGOU al Instituto de Urbanística de Valladolid, por entender que el propio fallo contempla que la fórmula del convenio es posible con arreglo a la normativa anterior a la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Por lo tanto, y amparándose en que no podría aplicarse con carácter retroactivo, los responsables municipales concluyen que «tanto la urgencia (del trabajo a realizar por Urbanística) como todo el expediente están plenamente justificados», manifestó ayer el portavoz y concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández. El edil aludió a anteriores convenios realizados ya entre el Instituto de Urbanística y el Ayuntamiento, todos ellos «legitimados». En el recurso, que se presentará en días próximos (existe un plazo de quince días para apelar a partir de la comunicación de la sentencia la pasada semana) se expresará, por tanto, el desacuerdo con la imposición de costas «que tampoco ascienden a la cantidad de 60.000 euros, como ha dicho el portavoz del PSOE, Carlos Hernández, sino a unos 24.000 euros a los que habría que sumar unos 8.000 de la interposición del recurso».

De esa forma, la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana seguirá su curso y serán los redactores del Plan, del Instituto de Urbanística, los encargados de realizar el informe sobre las alegaciones que los ciudadanos presenten durante la exposición pública en que se encuentra ahora. El PSOE había llevado al Pleno de ayer una moción de urgencia en la que solicitaba la paralización de la tramitación del Plan por las consecuencias derivadas de la sentencia del Contencioso. Previamente, el equipo de Gobierno ya había proclamado que la competencia para recurrir el fallo no correspondía, como había mantenido Hernández, al Pleno, sino que era facultad de la Alcaldía, acogiéndose a lo estipulado en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985.

Ya en el Pleno, y tras la propuesta del PSOE de retirar el Plan y modificar el de 2001 para adaptarlo a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, Fernández acusó al portavoz socialista de «haber hablado por boca de ganso» en sus afirmaciones sobre las consecuencias de la sentencia y afirmó que la posición de Carlos Hernández era motivo de disensión dentro del propio grupo socialista, señalando, directamente la ausencia de uno de los concejales del grupo del PSOE, Antidio Fagúndez. La incomparecencia del octavo edil socialista impidió que la moción pudiera ser sometida a votación a pesar de que contó con el apoyo del grupo de Adeiza para admitir la urgencia de la misma y su posterior debate. Una posición que, previamente, había matizado en términos muy duros el propio Mateos, quien, a pesar de votar la urgencia, se mostró a favor del recurso que va a plantear el Ayuntamiento contra el Contencioso, dejando, por tanto, sin efecto práctico la ausencia de Fagúndez.

El popular Feliciano Fernández acusó al portavoz socialista de «intentar escalar competencias de la alcaldesa» en su intento porque fuera el Pleno el que se pronunciase y le acusó de haber presentado sin convicción, y a última hora, una moción cuya argumentación resultaba mucho menos rotunda que los argumentos esgrimidos en días atrás por el líder del principal grupo de la oposición municipal «que presenta porque sabe que no prosperará y que, en realidad, no quiere usted que se apruebe. No hay tal urgencia, la urgencia sólo está en su cabeza», afirmó el portavoz del PP. Fernández aseguró que la posición del equipo de Gobierno obedece a los intereses del municipio, en contra de la posición que representaba el grupo socialista. «Este es un recurso en defensa de la ciudad. No se puede votar contra el recurso, contra el PGOU; contra el parking de Tres Cruces, contra el Centro Cultural en la avenida de Galicia, contra los Presupuestos y decir que se defiende Zamora». Por parte del portavoz del PSOE se justificó la ausencia del octavo concejal que «estaba de viaje» y por ese motivo no llegó a tiempo para el Pleno. Carlos Hernández descartó que en su grupo la interpretación de la sentencia hubiera desatado ningún tipo de desencuentro ni que el sillón vacío de Fagúndez tuviera que ver con una posible disensión de éste.

Sobre el convenio con el Instituto de Urbanística, IU pidió la aclaración de un decreto en el que figuran reparos por parte de la Intervención a uno de los pagos realizados a la Universidad de Valladolid por la redacción del Plan por importe de 113.900 euros, que fue resuelto por Alcaldía librando dicha cantidad que corresponde al segundo plazo de la cantidad pactada, cercana a los 228.000 euros.

«Los técnicos dicen que la economía municipal se va al carajo», afirma Luis Vicente Pastor

Adeiza mantuvo también su apoyo a los Presupuestos del Ayuntamiento aprobados ayer de forma definitiva entre las críticas de la oposición, incluidas las de los independientes, que dijeron actuar en nombre del interés ciudadano pero que censuraron la ausencia de consenso en la elaboración de los mismos. «Son sus presupuestos, no los nuestros, aunque haya mentes que así lo piensen», se defendió el portavoz de Adeiza, Miguel Angel Mateos, quien reclamó, una vez más, un pacto de gobierno para una situación no ya de recesión económica, «sino de depresión convulsiva».

Tanto IU como PSOE incidieron en las advertencias contenidas en todos los informes técnicos que acompañan a los Presupuestos, que recogen el vertiginoso descenso de los recursos propios del Ayuntamiento. Las inversiones se mantienen gracias a las transferencias de otras administraciones. Hace nueve años, los recursos propios suponían el 40% de lo destinado a inversión. Hoy, según expuso Francisco Guarido, «de cada cien euros que se invierten por parte municipal sólo 28 céntimos corresponden a recursos propios». Guarido se refirió también a que los gastos ordinarios crecen un 23,24% por encima del IPC y 10,14 puntos sobre la inversión, una situación que conducirá, en su opinión, a las arcas municipales a la bancarrota.

En la misma línea se mostró el viceportavoz del PSOE, Luis Vicente Pastor, quien citó los informes de Intervención, que insta a la confección y ejecución de un plan de saneamiento de la hacienda local, «tal y como prometió la alcaldesa en la campaña electoral». El departamento de Hacienda llega a afirmar que los Presupuestos «no dan respuesta a la difícil situación de las arcas municipales» y dibuja un «horizonte harto preocupante». Luis Vicente Pastor tradujo esos informes con la contundente frase de «nos están diciendo que esto se va al carajo». Y además, insistió en que los Presupuestos no cumplen la ley porque contienen ingresos ficticios y, en realidad, nacen en una situación de déficit.

El concejal de Hacienda, Angel Luis Crespo, aseguró que ese plan de saneamiento, junto con otras medidas para reequilibrar las cuentas municipales estaban ya en marcha y defendió unos Presupuestos que incrementan el gasto social justamente para paliar la crisis que afecta a las familias zamoranas. Presupuestos cuyo grueso de inversión se debe a las obras del Fondo Estatal con el que se espera reactivar la economía de la capital.

La polémica por el Plan provoca un agrio “careo” entre la alcaldesa y el portavoz de IU

Ninguno de los puntos del orden del día del Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento se refería al Plan General de Ordenación Urbana, pero fue éste el que generó mayor crispación entre los grupos de la oposición y del equipo de Gobierno, incluida la alcaldesa, Rosa Valdeón. Fue ya en los últimos instantes de la sesión cuando, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de IU, Francisco Guarido, volvió a insistir sobre la custodia del PGOU, por cuya filtración ha sido llevado ante los tribunales por parte del PP. Guarido explicó que, aunque, oficialmente, el documento fue entregado el 29 de octubre de 2008, existe un informe que afirma que los redactores habrían procedido a la entrega un mes antes, en septiembre. El portavoz de IU reclamó que fuera la propia alcaldesa la que contestara sobre dónde estuvo y quién custodió el Plan en ese tiempo, a lo que está replicó:

- No me voy a someter a un careo con usted.

- Tiene miedo a la respuesta, porque está muy pillada (replicó Guarido).

- Estoy deseando que le llame el juez (para explicar cómo obtuvo IU el documento).

– Que nos llame a los dos y a alguno más de su equipo de Gobierno.

Fue la alcaldesa la que dio por zanjada la discusión levantando la sesión plenaria.