El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zamora ha anulado el convenio entre el Ayuntamiento de la capital y el Instituto de Urbanística de Valladolid para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana por entender que, en realidad, se trataba de un contrato que debería haber sido aprobado por el Pleno, dando así la razón al recurso planteado en diciembre de 2007 por el grupo municipal del PSOE. El principal partido de la oposición decidió acudir a los juzgados después de haber visto rechazado previamente el recurso interpuesto en instancias municipales.
En opinión del portavoz de los socialistas, Carlos Hernández, la sentencia anularía, por tanto, todas las actuaciones derivadas a partir de aquel acto administrativo con lo que el Plan General de Ordenación Urbana volvería a quedar en el aire. «No es una interpretación nuestra, es derecho puro y duro. Cuando un acto se anula, el resto de los que derivan del mismo son igualmente nulos de pleno derecho, aunque puede que eso no lo entiendan los asesores jurídicos del Ayuntamiento, que, si recurren, lo único que harán será meternos en más gastos».
La jueza, que se muestra muy dura en el fallo sobre la actuación del equipo de Gobierno, condena en costas al Ayuntamiento, que tendría que pagar, aproximadamente, 60.000 euros y a ello habría que sumar los casi 300.000 que importó en su día un convenio que, según los tribunales, no es tal. Carlos Hernández exigió ayer la dimisión de la alcaldesa Rosa Valdeón y del concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, como máximos responsables de la operación «porque no se puede disfrazar a través de un convenio un contrato de asistencia técnica que asciende a 300.000 euros sin publicidad, sin que nadie del Ayuntamiento valore si cuesta ese dinero y sin concurrencia pública».
El PSOE va a solicitar la ejecución provisional del fallo, lo que significa, por un lado, que no se pague ni un sólo plazo más a los redactores del Plan. Pero, además, entiende que la paralización debe extenderse a la tramitación del PGOU, actualmente en fase de exposición pública porque proseguir «sería una temeridad. La exposición pública no tendría solución puesto que el equipo redactor del Plan no podría informar las alegaciones que se presenten. Si el equipo de Gobierno sigue adelante sólo ganarán tiempo político, pero perderán 40 días en buscar soluciones legales». Soluciones que, en opinión de Hernández, sólo puede ser la propuesta del PSOE de retomar el documento de 2001 y actualizarlo a la normativa de la Junta de Castilla y León.
La magistrada no ahorra calificativos para la actuación del equipo de Gobierno y justifica la condena en costas en el hecho de que el grupo popular haya vuelto a argumentar la falta de legitimación del concejal, en este caso, Carlos Hernández, para interponer el primer recurso de reposición, una cuestión que ya había sido resuelta en anterior sentencia del mismo juzgado y, posteriormente, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En este sentido, considera que el contenido del decreto de la Alcaldía insistiendo en la falta de legitimidad «supone una burla» y actuar con «conducta temeraria» sobre lo que ya había quedado establecido por ambos tribunales y reprocha al Ayuntamiento «la resolución adoptada en contra del criterio sentado por anterior pronunciamiento judicial; comportamiento este que tendrá su reflejo en la declaración de costas».
La sentencia critica «la defectuosa técnica procesal empleada por el Ayuntamiento demandado al acompañar con la contestación a la demanda documentos que debieron ser parte integrante del expediente administrativo, técnica esta rechazable y censurable y que debió comportar la inadmisión de dicha prueba» y considera que, en ningún momento, queda acreditado en dicha documentación el carácter de urgencia que motivara su inclusión en el orden del día «y más en un asunto que no se encontraba dictaminado y carecía del preceptivo informe de intervención, que ha de emitirse por escrito al objeto de poder realizar el control de legalidad sobre el mismo». Sin informes jurídicos y de intervención, el acuerdo «es nulo de pleno derecho».
IU y Adeiza piden un informe de los técnicos sobre la validez o no del documento
Los concejales de Izquierda Unida y de Adeiza coincide al reclamar el pronunciamiento de los técnicos de la institución local, especialmente de los jurídicos, para conocer la validez o no del documento urbanístico que en estos momentos se encuentra en fase de exposición pública. El portavoz de IU, Francisco Guarido, admite que la anulación del contrato con el Instituto de Urbanística de Valladolid es «un hecho muy grave, y no sabemos exactamente en qué situación jurídica quedamos respecto al trabajo hecho». Bajo su punto de vista, ello conlleva que todos los actos posteriores que también son nulos, «incluida toda la documentación que aquí se ha entregado, e incluido el documento de trabajo que difundió Izquierda Unida, y por el cual tenemos una querella criminal». Guarido insta a que se haga un informe técnico «para ver si lo que estamos ahora viendo en los planos es legal o no, es decir si ese trabajo tiene validez. Solicito que se aclare cuanto antes, porque el pueblo está viendo una exposición pública que quizá no sirva para nada». Por último, el concejal de la coalición apunta que «aquí alguien debería de pedir disculpas. Tienen que reconocer que se han hecho las cosas mal e incluso de forma algo temeraria, porque de otra forma no hay condena en costas».
Miguel Angel Mateos, portavoz de Adeiza, admite que es «preocupante» que una jueza determine que existen «problemas de legalidad» en un acuerdo de la Comisión de Gobierno. Ello, explica, «complica sin duda la posición del equipo de Gobierno respecto al PGOU. Tendría consecuencias y tenemos que estar expectantes como grupo que, de entrada, lo único que ha hecho es abrir las compuertas para que la opinión se exprese a través de alegaciones».
A pesar de ello, Mateos reflexiona sobre las imperfecciones que en ocasiones también demuestra la Justicia. «Estamos escuchando constantemente a miembros del Tribunal Supremo, e incluso a fiscales, cuestiones que evidentemente rozan con lo político. Y nunca me ha gustado que se judicialice la política». El concejal de la agrupación independiente apuesta porque el equipo de Gobierno valore «si recurre, porque las costas podrían ser elevadas para el municipio. Pero a mí no me parecería mal que se acuda al recurso si hay opciones razonables y jurídicas. Es normal, porque cualquier juez podría equivocarse».
La condena en costas de 60.000 euros «debe ser asumida por los concejales del PP»
Para el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del 26 de diciembre de 2007, debió contemplarse dentro del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público al no poder considerarse como parte de los convenios que pueden suscribir las diferentes administraciones públicas ya que se trataría de un contrato de consultoría o asistencia que excede del límite previsto en la normativa, 211.129 euros frente a los 227.800 euros en los que finalmente se fijó el precio a pagar por la redacción del Plan General de Ordenación Urbana a los responsables del Instituto de Urbanística. Es por ello que, conforme a Ley, el acuerdo debería haber sido adoptado en Pleno y no por la Junta de Gobierno Local como se hizo.
El fallo concluye que el Ayuntamiento «debería haber acudido al procedimiento de contratación y no a la fórmula del convenio de colaboración para la suscripción del negocio jurídico cuyo borrador se aprobó en la sesión de la Junta de Gobierno Local del 26 de diciembre de 2007, toda vez que lo que se trataba de aprobar era un verdadero contrato de consultoría o asistencia».
La jueza deja sin efecto, por tanto, los acuerdos de la Junta de Gobierno y el rechazo del recurso interpuesto por Carlos Hernández. Este ha pedido que sean los concejales del PP, como responsables de sus actuaciones no conformes a derecho, los que asuman las costas del proceso «para que los ciudadanos no tengan que pagar un sólo euro» de los varapalos judiciales que recibe el Ayuntamiento.
Hernández exige que se devuelva, además, el dinero cobrado ya por el Instituto de Urbanística, que «es consciente de que el proceso estaba recurrido, ni siquiera han comparecido en el recurso y no tienen, por tanto nada que reclamar».
