Los 300 aspirantes que realizaron la primera parte de la oposición para acceder a una de las 31 plazas de operarios en la Residencia Virgen del Canto de Toro, entre ellos los 51 que la aprobaron, van a tener que repetir el examen. Esta es la «decisión política» que acaba de adoptar la Diputación Provincial tras abrir un expediente informativo por posible filtración de preguntas, un extremo que denunciaron nueve de los opositores con el apoyo de sindicatos. Aunque el expediente, aún sin concluir, «no encuentra pruebas» de estas irregularidades, aseguró ayer el diputado de Personal tras un encuentro urgente con los representantes sindicales, «los informes de los técnicos avalan esta decisión política, porque nos recuerdan que hay antecedentes similares en otras provincias, y que con la misma situación finalmente los jueces han decidido que se tienen que repetir los exámenes».

Respecto a la fecha en la que podría convocarse esta prueba, José Ignacio Isidro calcula que se podrá dar a conocer una vez finalice por completo el expediente administrativo (ahora en fase de segundas alegaciones), dentro de aproximadamente un mes. «Aún estamos trabajando en este trámite, que sigue abierto para reunir datos y documentación, pero puesto que los informes técnicos aconsejan que se repita, hemos decidido adoptar esta solución política, aunque no se haya demostrado que hubiera irregularidades en los exámenes».

Isidro insiste en que con esta decisión, y pese a no haber detectado pruebas que respalden la tesis de los denunciantes, se trata de evitar una resolución judicial que invalidaría todo el proceso, y que dilataría la resolución definitiva con el consiguiente perjuicio para todos los opositores. «Lo que queremos es perjudicar lo menos posible a estas personas y que se solucione cuanto antes».

A partir de este momento, primero habrá que concluir el expediente informativo, ahora en plazo de segundas alegaciones. Dentro de aproximadamente un mes, calcula el diputado de Personal, se podrá fijar la convocatoria del primero de los exámenes para cubrir las 31 plazas de operarios de establecimientos en la Residencia Virgen del Canto, de Toro. Esta primera prueba oral se realizó hace ya más de tres meses (con 300 participantes) y desde entonces permanece paralizada por decisión unánime de los miembros del tribunal, después de que conocieran la interposición de los recursos de alzada por posibles irregularidades. Después del ejercicio teórico, cuya legalidad se ha cuestionado, la Diputación convocará la segunda prueba de la oposición, que consiste en una evaluación teórica. Aunque el examen se repite la convocatoria es la misma, es decir, sólo se podrán presentar aquellas personas que en su día participaron en la prueba ahora anulada por los responsables de la institución provincial.

Una de las cuestiones que también habrá que decidir, una vez se señale la fecha del nuevo examen, es la composición del tribunal calificador, que hace tres meses estuvo integrado por técnicos y por políticos. Según Isidro, «aún no hemos decidido si serán las mismas personas las que compongan este tribunal o si se constituirá uno nuevo de forma expresa».

Desde que se inició el expediente informativo, para que todos los afectados pudieran pronunciarse sobre la posible filtración de preguntas del examen teórico, son más de setenta las alegaciones presentadas. A pesar de las distintas versiones, el equipo de Gobierno del PP insiste en que «no hay pruebas» que evidencien que antes del ejercicio había opositores que ya conocían las preguntas del test para la oposición.