Sucesos en Zamora
La deuda de 1,1 millones envía 12 años a prisión al dueño de Cuadros Eléctricos
El Juzgado de lo Penal le condena a 2,2 millones de multa al igual que a su cómplice, la administradora de Microplus, que irá 8 años a Topas
José Fernández, dueño de General de Cuadros Eléctricos, junto a la administradora, en el juicio. / J.N.
El Juzgado de lo Penal envía 12 años a prisión al propietario de la empresa General de Cuadros Eléctricos (G.C.E.), José Fernández Alonso, por los delitos de fraude fiscal a la Agencia Tributaria y al Estado de 1.129.225,61 euros por impago del IVA y del impuesto de sociedades en los años 2014 y 2015; al margen de la deuda de unos cinco millones a la Seguridad Social que él mismo calcula.
El fallo recoge la imposibilidad de que el empresario asentado en Villaralbo pueda acceder a subvenciones, ayudas o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante esos 20 años. El mismo destino, Topas, tendrá su socia en la empresa Microplus World Corporation, de iniciales N.S.R., al ser condenada a ocho años de cárcel por los mismos delitos que Fernández Alonso.
La que era administradora de Microplus World Corporation tampoco podrá disponer de subvenciones, ayudas o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante ocho años. Tanto José Fernández Alonso como su empleada deberán abonar una multa de 2.258.285 euros al Ministerio de Justicia como castigo por los fraudes.
El Código Penal establece el pago de multas del duplo de las cantidades que se dejaron de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social. Así lo recoge la sentencia dictada por el juez tras la celebración de un juicio que llegó a suspenderse hasta en cuatro ocasiones, al inicio, para intentar facilitar al industrial y a su socia los pagos de estas cantidades. De modo que se tardó dos años en celebrar desde que señalara por primera vez.
Devolución de 1.129.225 euros impagados
La sentencia, que ya han recurrido los dos condenados ante la Audiencia de Zamora, recoge que deben devolver 1.129.225,61 euros conjunta y solidariamente a las arcas de Hacienda, cantidad que deberá actualizarse si se retrasa el pago. Tanto Cuadros Eléctrico como Microplus World responderán de forma subsidiaria de las cuantías impuestas a José Fernández Alonso como dueño de las dos empresas mencionadas y quien "realiza esas defraudaciones", indica la sentencia.
La investigación se abrió después de que una inspección de Hacienda detectara que el dueño de Cuadros Eléctricos omitió ingresos sustanciales al no declarar algunas operaciones o hacerlo a coste cero, "dejando de ingresar de modo intencionado una cuota del IVA en 2014 d 324.642,89 euros y de 337.642,89 euros en 2015".
Colaboradora y empresa pantalla: hubo dolo
Su colaboradora N.S.R. es la persona que le ayuda a ocultar las ventas al registrarlas en el programa informático y "mediante el uso" de la sociedad Microplus World "como una empresa pantalla", afirma el juez. Ahí estaría la "actuación dolosa" de esta imputada. Además, esa sociedad era "una extensión de General de Cuadros Eléctricos", indica el fallo judicial.
La sentencia achaca a N.S.R. dolo porque se ocultaron las ventas, además de porque existe un entramado societario que vincula a GCE, Microplus World Generation y Microplus Germany, estas últimas creadas con el objetivo de no pagar a la Seguridad Social ni a Hacienda. Con ambas entidades mantenía importantes "deudas que exceden el millón de euros que no ha negado el acusado", abunda la sentencia.
"Todos los trabajadores de la empresa sabían que existían facturas realizadas a nombre de Microplus World y Microplus Germany con el objeto de evitar esos embargos a General de Cuadros Eléctricos" que se creó en septiembre de 1996 para la fabricación de material eléctrico.
El juez descarta que Microplus World sea una empresa proveedora de GCEA y se remite a la declaración del inspector de la Agencia Tributaria que sostiene que la creación solo tiene como objetivo impedir que se embargue a la Cuadros Eléctricos por Hacienda y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Albaranes de importe cero: "Un acto de fe"
Para argumentar la condena, el juez detalla que "existen ventas que no están declaradas", "muchos albaranes que no han sido facturados y otros que lo han sido a importe cero". Prácticas que suponen el 20% del ejercicio de 2014 y el 50% del 2015, lo que "no es de recibo. Tal y como ha manifestado el inspector, es un acto de fe a la vista de la documentación obrante", concluye en su sentencia.
Estas apreciaciones vienen a desmontar que esas duplicidades se dan no solo en una operación realizada con Colombia, sino que coinciden con un periodo de tiempo, "los años que se dejan de pagar los impuestos" del IVA y societarios "para poder pagar las nóminas" de los empleados, como reconoce el empresario. Esta decisión incrementa la deuda con la Seguridad Social. Una deuda que "él mismo Fernández Alonso estima en unos 5 millones de euros, la mitad en concepto de intereses", recoge textualmente la sentencia.
Facturas emitidas por las dos empresas
Aunque el empresario negó esa vinculación y la actividad de las empresas, las pruebas aportadas por la Fiscalía y el Abogado del Estado han permitido al juez sustituto agarrarse a que hay "albaranes que comparten cabecera" de ambas sociedades, es decir, emitidas por las dos.
El inspector de la Agencia Tributaria subraya que las facturas "estaban unas veces a nombre de Microplus World Corpotation S.L. y otras veces a nombre de General de Cuadros Eléctricos", otra circunstancia decisiva para el juez a la hora de establecer la vinculación de estas sociedades como parte del entramado del que era titular Fernández Alonso.
Ese argumento se refrenda porque las facturas aportadas al procedimiento del Juzgado de lo Social que también comparten cabecera y debajo del logotipo de Microplus se puede leer info@micropluswc. Esta instancia judicial ya dio por probado la relación entre todas las empresas "que pertenecen al mismo entramado, estando todas conectadas entre sí", detalla la sentencia. Este hecho explica que la responsabilidad en la defraudación a la Agencia Tributaria y al Estado sea del dueño de las empresas.
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