La Agencia Tributaria exige 12 años de cárcel al propietario de la empresa General de Cuadros Eléctricos (GCE) por defraudar 1.129.225,61 de euros al no pagar el IVA ni el Impuesto de Sociedades en los años 2014 y 2015, según sostienen tanto el Abogado del Estado como la Fiscalía Provincial, que exigen la imposición de una multa de 2.258.451 euros, el duplo de lo que las arcas estatales dejaron de ingresar por esos conceptos.
Junto al conocido empresario afincado en Villaralbo, José Fernández Alonso, se sentará en el banquillo de los acusados la administradora de Microplus World Corporativa, “empresa instrumental” de GCE, según la acusación, que afirma que la empleada de iniciales N.S.R., quien, aunque estaba afincada en Cataluña, obedecía órdenes de GCE desde Zamora, según sostiene Hacienda.
El Abogado del estado y el Ministerio Fiscal solicitan para ella 8 años de prisión y la misma multa que para el empresario, caso sobre la que tendrá que decidir el Juzgado de lo Penal.
Desde Cuadros Eléctricos, creada en 1996 por Fernández Alonso, se ordenaba a la procesada “qué facturar y cómo, según los correos electrónicos” que recibía desde Zamora, a los que se tuvo acceso la Agencia Tributaria durante la investigación.
Microplus habría llegado a realizar albaranes de casi 2 millones de euros de pedidos de otros clientes de GCE en 2014, sostiene el Abogado del Estado que representa y defiende en el procedimientos judicial los intereses de Hacienda. Al año siguiente, del importe de 6.083.587,83 euros en pedidos, solo se correspondían con la empresa Microplus World 131.211,86 euros, los albaranes vivos que se endosaron a esta firma fueron 2.972.3.77, 33 euros del total de 5.191.623,60 emitidos por GCE.
En el escrito de acusación, el Abogado del Estado que Fernández Alonso creó varias “empresas instrumentales con la finalidad de eludir embargos”, sociedades que “utiliza para imputar pedidos y evitar de este modo la tributación que legalmente le correspondía a General de Cuadros Eléctricos”.
Así explica la implicación de Microplus en esta presunta trama ideada para no pagar los impuestos a Hacienda, sociedad que inicialmente se denominó Cossin Import Export, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por Hacienda.
El empresario zamorano intenta hacer ver que CGE es una empresa que recibe materiales de Microplus, “los ensambla y devuelve” a esta última firma, que los coloca en el mercado, cuando “lo cierto es que dirige todo el proceso de producción y distribución: recibe el pedido del cliente, realiza los pedidos de lo que necesita a sus proveedores, produce y envía” el artículo con el objetivo de “simular que la única relación comercial establecida es con Microplus” y no con otras sociedades.
Albaranes sin facturar
La Agencia Tributaria sostiene que el empresario “no facturó albaranes”, ni los que derivaban de transacciones comerciales que se traducían en beneficios para la sociedad, ni los que implicaban un desembolso. Estos documentos solo justifican la entrega de un producto, pero no tienen efectos tributarios ni validez fiscal, frente a las facturas.
Con ese sistema contable, el empresario zamorano habría eludido el pago del IVA, en concreto, por mercancías cuyo importe se elevaba a 1.269.104,58 euros durante 2014; y de 965.222,87 euros en 2015, de acuerdo con los datos derivados de la Inspección que llevó a cabo Hacienda sobre la contabilidad de GCE.
Las ilegalidades que le imputan al titular de Cuadros Eléctricos se extienden a que realizaría entregas de productos reflejados en albaranes con valor cero “que no se justificaron debidamente” por importes de 276.813,54 euros en el año 2014 y de 857.631,27 euros correspondientes al siguiente ejercicio contable.
La Inspección detectó que existen pedidos realizados a nombre de clientes, pero que a la hora de emitir el albarán este se realiza a nombre de Microplus World y que los de mayor importe se corresponden con empresas latinoamericanas.
En 2014, los pedidos de venta total sumaron 9.731.414,71 euros, de los que solo 79.755,44 euros se corresponden con mercancías servidas a la empresa con la que supuestamente evadía el pago de impuestos, a cuyo nombre se extendían los albaranes, a Microplus, argumenta el Abogado del Estado.
