“Hay una desigualdad brutal entre los centros de zonas urbanas y rurales”

–¿Qué valoración hace UGT de la situación actual de la enseñanza en la provincia y la comunidad?

–Los docentes de Castilla y León llevan más de diez años olvidados por la Junta. En el año 2012 se produjeron recortes en Educación y durante esta década todavía no se ha revertido ninguno de ellos. No es solo que no tengamos nuevas mejoras que hagan atractiva nuestra comunidad para que los profesionales quieran trabajar aquí, sino que ni siquiera hemos recuperado los derechos que hemos perdido, algo que si ha ocurrido en comunidades vecinas. Aquí llevamos diez años de sequía, manteniendo las cifras a nivel retributivo y las condiciones laborales que hubo durante la crisis.

–Habéis denunciado en numerosas ocasiones la masificación que hay en las aulas.

–Es clave que las ratios se reduzcan para que la enseñanza sea de calidad, para que la comunidad educativa esté de acuerdo y para poder atender a la diversidad. Con una masificación en las aulas no se puede atender adecuadamente a los alumnos.

Cuando llegó la pandemia se firmó un acuerdo que consistía en reducir el número de alumnos por aula y aumentar el número de profesores. Esto fue un gran éxito, padres, alumnos y profesorado estaban muy contentos, porque pese a que tuvimos que hacer una enseñanza semi digital, se consiguió poder atender adecuadamente a todos estos alumnos, especialmente a aquellos que tienen algún problema de aprendizaje. Cuando la Junta dio por finalizada la pandemia, el acuerdo quedó en el limbo y volvimos a los niveles anteriores. Nuevamente, esto no sucedió en otras comunidades, como en Madrid, donde se fijó un máximo de veinte alumnos en el aula, aquí hay veinticinco.

Con las ratios actuales no se puede atender adecuadamente a los alumnos

–Una de las cuestiones en las que ponéis el foco es en la falta de profesionales que hay en atención a la diversidad.

–Si, se han olvidado tanto del alumnado que lo necesita, como de los profesionales que desempeñan estas funciones. Se ha firmado un acuerdo con el que UGT estuvo en contra, porque no nos devuelve ni siquiera lo que teníamos en 2012, la atención a la diversidad no se ve para nada reflejada.

A nivel nacional se obliga a tener la figura del coordinador de bienestar, en Castilla y León no se ha implantado. En el sindicato recibimos muchas quejas de la gente que forma parte de los equipos de orientación, no tienen medios, ni recursos, ni pueden atender a toda la casuística que hay, en una comunidad que es prácticamente rural. Es decir, pese a que el problema existe en las capitales de provincia, es mucho más pronunciado en las zonas rurales. Los profesionales tienen que moverse de unos pueblos a otros y no son suficientes, es algo inabarcable.

–En un panorama con la inflación disparada, los sueldos preocupan especialmente.

–Somos los quintos peor pagados en España. De media, cobramos algo más de 200 euros menos al mes que un profesor de Castilla La Mancha, por ejemplo. A esto hay que sumar la orografía de la comunidad, hay muchas zonas rurales muy mal conectadas, en las que no hay transporte público, falta de viviendas donde vivir, y esto genera que el equipo se pase el día en la carretera. El kilometraje aquí es otra cuestión a tratar, en Castilla y León está puesto al 0,20, pero comunidades como Cantabria están al 0,21, que no es una enorme diferencia, pero kilometró a kilómetro se nota.

Se ha firmado un acuerdo a nivel nacional desde UGT y CCOO con el que nos van a subir el sueldo de los empleados públicos, incluidos los docentes, un 9,8% durante tres años, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

–Muchos profesionales se ven obligados a elegir entre los sexenios y su carrera profesional.

–Los sexenios son un complemento nacional que cobran todos los docentes que cumplen los requisitos de formación. Sin embargo, en Castilla y León el PP sacó una Ley en la que se obliga a elegir entre cobrar estos sexenios o la carrera profesional. Entonces, nos vemos en la situación de que cobramos menos que en las comunidades limítrofes y, además, nos obligan a elegir entre una cosa y la otra, algo que nosotros creemos que no es constitucional que nos quiten un derecho que es nuestro. Está por ver lo que sucede con esta cuestión, si en un futuro se gana, a ver cómo se resarce este asunto.

–La fuga de talento continúa en la comunidad.

–Creemos que los profesionales que tenemos tienen que estar a gusto y, para ello, tienen que tener unas condiciones sociolaborales que les haga querer trabajar aquí y no en otra comunidad autónoma. En esto entran en juego los salarios y el cobro de cosas como las tutorías; las ratios; el horario lectivo, que no ha recuperado el anterior a 2012; el incremento de burocracia para todo; la conciliación laboral y otros elementos.

–En la conciliación laboral, ¿hay nuevos avances?

–Todo lo contrario, se está retrocediendo, sobre todo en las zonas rurales. Por ejemplo, tienes una cita médica y tienes que ir a trabajar treinta minutos, acabas conduciendo dos horas para trabajar media hora, el asunto está completamente estancado.

La Junta se ha olvidado de la atención a la diversidad, de su alumnado y profesorado

–Reclamais que se utilicen los fondos europeos Next Generation para poner soluciones.

–Eso es, nosotros creemos que los fondos son una inyección que deberían repercutir en los centros públicos, porque son estos los que están obsoletos. Invito a la gente de la Junta a que vaya a los de las zonas rurales y vean como son las conexiones a Internet, los equipos informáticos, muchos de ellos con Windows 98 todavía. Es necesario una inversión en condiciones, en la comunidad no llegamos ni al 7% de inversión y tiene que meterse dinero en las aulas, en formación, en profesorado, para el alumnado en cuestiones como el comedor escolar, y así una larga lista.

–Existe entonces una profunda desigualdad entre los centros educativos urbanos y rurales.

–Si, hay una desigualdad brutal entre los centros de zonas urbanas y rurales, y esto repercute directamente en la despoblación. Son centros que están viejos, faltos de mantenimiento y cada vez cuesta más dinero volver a ponerlos en marcha, así que acaban cerrando y es muy difícil que puedan volver a abrir. Al final, esto desemboca en que se opte porque niños de seis años tengan que hacer trayectos de cuarenta minutos en autobús para poder ir al colegio más cercano, lo que acaba provocando que muchas familias se trasladen a los centros urbanos para tener mejores oportunidades académicas. Por supuesto, algo que no está al alcance de todos, muchos no pueden permitírselo.