Ni la fotografía de varias vacas sayaguesas pilladas “in fraganti” campando a sus anchas en pastos, en fincas cultivadas y en barbecho de su vecino agricultor de San Mamed, han logrado evitar que el caso llegara ayer al Juzgado de lo Penal ante el que se reclaman los daños causados por los animales en esas propiedades, cifrados en 622,30 euros, y una multa de 3.600 euros exigidos por la Fiscalía Provincial al Juzgado de lo Penal.
La imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el acusado, de iniciales J.P., y el dueño de las tierras que interpuso la denuncia en febrero de 2020 a su vecino de Roelos de Sayago, cansado, según su abogada, de que el ganadero no tome medidas para impedir que las vacas salten a sus tierras. La gota que colmó el vaso fue el hecho de que las reses entraran tres días consecutivos en sus tierras, sin que el acusado hiciera nada por evitarlo a pesar de que el denunciante le advirtió de lo ocurrido y le pidió que controlara a su rebaño.
Los perjuicios no solo afectan a las parcelas del agricultor, pisoteadas por reses, sino también al muro que cerca una de las mismas para delimitar las propiedades del imputado y del agricultor. Un deterioro del vallado de piedra que el denunciante achaca a la actitud descuidada del ganadero, al que acusó de ser reincidente y haber dejado entrar hasta en once de sus fincas a las vacas, las únicas de raza sayaguesa pura del municipio, la misma del rebaño de su hermano.
El acusado se mantuvo firme a a la hora de negar que su cabaña fuera la causante de esos perjuicios “porque mis fincas las tengo valladas y con postes de hierro, es imposible que el ganado salga”, volvió a reiterar al concluir la vista oral, en la que su abogado se agarró para defenderle a la imposibilidad de determinar si los bóvidos eran los del procesado o los de su hermano.
La defensa, para desmontar la acusación, fue preguntando a los guardias civiles, entre ellos los que acudieron a comprobar in situ si las reses estaban en las tierras si habían comprobado los crotales de los animales que identifica al propietario de las reses “porque estas salieron corriendo” cuando los agentes accedieron a la parcela. La fiscal basó su petición de condena en los informes de la Guardia Civil que inspeccionó los daños en fincas y en el muro que supuestamente derribaron las vacas de J.P., quien “porque ha reconocido que las vacas estaban en la finca y, a pesar de que el denunciante habló con él ha persistido” en su conducta.
La acusación particular hizo especial hincapié en “la dejadez, la desidia y la falta de cuidados” del acusado para impedir los daños al agricultor. Tachó de “persona conflictiva” al ganadero, “no respeta las leyes ni a la autoridad” y pidió 3.000 euros de multa y el pago de los daños provocados.
La casi media docena de guardias que testificaron respondieron que no pudieron verificar al titular de las cabezas de ganado que se encontraron en la propiedad del acusado. Los funcionarios que realizaron la inspección ocular manifestaron haber visto las huellas de vacas en las fincas del denunciante y “en una de ellas a unas diez o 15, pero no sé de quién eran”, concretó otro agente del cuartel de Bermillo de Sayago. Dos guardias se entrevistaron con el ganadero, quien se comprometió a solucionar el problema. La defensa dirigió idéntica pregunta a tres vecinos y ganaderos que prestaron declaración que, si bien indicaron que los rumiantes eran de pura raza sayaguesa como los del acusado, no pudieron precisar si era del rebaño de este o de su hermano.
