La provincia de Zamora ha perdido casi 4.000 electores en el ciclo que ha transcurrido desde los comicios de mayo de 2019 hasta la convocatoria anunciada ahora por Alfonso Fernández Mañueco para el próximo 13 de febrero de 2022. Una sangría en consonancia con los problemas demográficos del territorio que no maquillan ni las nuevas incorporaciones al censo electoral. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado ya los números para este encuentro con las urnas, que arroja un conjunto de 165.295 zamoranos con derecho a sufragio del global de 2.094.49 personas llamadas a votar.

Las próximas elecciones autonómicas permitirán participar por primera vez a 3.296 jóvenes zamoranos que han cumplido los 18 años desde la anterior votación a las Cortes de Castilla y León celebrada el 26 de mayo de 2019. Pese a todo, el censo electoral ha caído en 3.665 personas, lo que se traduce en una de las mayores bajadas de toda la comunidad, junto con León y Salamanca, como suele ser habitual en materia demográfica. El número total de electores, de esta manera, asciende a 165.295 ciudadanos, de los que 144.487 viven en el territorio y los 20.808 lo hacen en el extranjero.

Precisamente, estos últimos, si desean ejercer su derecho a sufragio, deberán solicitar su voto a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente a su inscripción hasta el 15 de enero y esta remitirá a los electores con derecho a voto el impreso oficial de solicitud. En estas oficinas y en los ayuntamientos se podrá consultar el censo desde mañana, día 27 de diciembre, hasta el 3 de enero. Los electores podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo.

La Oficina del Censo Electoral remitirá a partir del 17 de enero a cada elector residente en Castilla y León una tarjeta censal con la información de la mesa y el local electoral donde le corresponde votar. Por otra parte, los electores pueden solicitar su exclusión de las listas de difusión de propaganda electoral a través de la sede electrónica del INE o en los ayuntamientos y oficinas provinciales del censo electoral.