El vaciado sin precedentes del embalse de Ricobayo durante el pasado verano y los ríos de tinta que han corrido desde entonces acerca de una concesión que va a superar los 110 años han obligado a mover ficha al Estado, que hasta la fecha se encontraba absolutamente ajeno de lo que ocurría con estas infraestructuras. Ni registros de aguas, ni tiempos de explotación, ni cambios en las condiciones de los titulares. Nada de eso estaba bajo el conocimiento directo del Gobierno de turno y todo se gestionaba mano a mano entre los distintos organismos de las cuencas del país y las propias eléctricas. Pero, eso va a cambiar. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en una aplicación informática para el control y monitorización de las centrales hidroeléctricas y los aprovechamientos de aguas. Su fecha de lanzamiento será el año 2023.

El registro ideado por el Gobierno mantendrá actualizada la información de las explotaciones para la gestión de los datos de estas centrales y automatizará toda modificación en los certificados y las inscripciones del Registro de Aguas. Además, tendrá actualizada permanentemente la localización geográfica de las captaciones, así como los usos del agua. Esa es la respuesta parlamentaria que ha dado el Ministerio para la Transición Ecológica a una pregunta realizada por Unidas Podemos sobre su promesa de aplicar total transparencia sobre este tipo de concesiones.

En la pregunta, el diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, apuntaba directamente al caso zamorano y señalaba que la ausencia de este registro impedía el control de la caducidad de concesiones y facilitaba ampliaciones en las mismas “frente al cambio de sus condiciones de explotaciones, un nuevo concurso o, directamente, su reversión para gestión pública, como en el caso de la presa de Ricobayo” en este embalse sobre el río Esla.

Sin embargo, Transición Ecológica explica en su respuesta que los organismos de cuenca ya llevan un Registro de Aguas en el que inscriben de oficio las concesiones, incluidas aquellas para la producción de energía eléctrica, y los cambios autorizados para su titularidad o sus características. Estos registros, apostilla, tienen carácter público y es posible solicitar del organismo de cuenca las certificaciones sobre su contenido. En cualquier caso, el Ministerio trabaja ya en la elaboración de la citada aplicación informática del Registro de Aguas como un sistema de información accesible para todo el mundo.

Embalse de Ricobayo en Palacios del Pan esta misma semana. | Emilio Fraile

El principal objetivo de esta aplicación informática pasa por permitir una “gestión dinámica” de los datos de los aprovechamientos, así como la automatización de los certificados con validez legal, la agilización de las entradas, modificaciones y salidas de inscripciones en el Registro de Aguas, la permanente actualización del propio registro y la localización geográfica de las captaciones y los usos del agua. Esta herramienta estará integrada, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio, por “elementos e información de carácter alfanumérico y cartográfico, referidos a las características del aprovechamiento de aguas (derecho, captación y uso) y a su descripción, y elementos de carácter documental que contendrán la imagen del título administrativo o judicial que otorgue o reconozca el derecho”.

Situación actual del embalse

La situación actual del embalse de Ricobayo dista mucho de ser la ideal, después de que sus aguas fueran esquilmadas durante el pasado verano en pleno pico del precio de la electricidad. A día de hoy, el pantano mantiene 192 hectómetros cúbicos de agua embalsada de los 1.145 de capacidad. Esto quiere decir que apenas se encuentra a un 16%, que es la mitad de la reserva que había en la misma semana del año pasado y 25 puntos por debajo de la media de los últimos diez años, que ronda el 40%.

Con todo, los pueblos ribereños miran hacia el deshielo y las recientes lluvias con anhelo para ver si de esta forma será posible recuperar este patrimonio natural que es de todos, pese a que soporte un aprovechamiento eléctrico de carácter privado.