El Estado tendrá que pagar 75.561,18 euros al Ayuntamiento de Zamora en concepto de intereses de demora relacionados con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligó a la Administración central a devolver 383.828,67 euros a la capital en octubre de 2020, un dinero correspondiente a los fondos europeos Feder destinados a obras en el bosque de Valorio, según la información facilitada por la institución local.
El Consistorio reclamó los intereses de aquel fallo judicial, relacionado con el denominado caso de los “conejos de Valorio” y referido a las plantaciones de árboles efectuadas en las laderas de la calle de Villalpando y de Carrascal, obra valorada en esos 383.828 euros que nunca se ejecutó, según denunció ante Europa en su día el grupo de la oposición municipal de IU, liderado por el actual alcalde, Francisco Guarido. El Ayuntamiento había recibido en total 1.261.248 euros de los Feder para la recuperación integral del bosque.
El actual equipo de Gobierno de IU reclamó por vía judicial al Ministerio de Hacienda los 383.828 euros que el Estado había retirado “unilateralmente”, correspondientes dos subvenciones diferentes: una para “recuperación integral del bosque de Valorio” y otra para las laderas de la calle Villalpando y Carrascal, lo que motiva que el TSJ de Madrid condenará el 29 de marzo de 2019 al Estado a devolver esa cantidad al Ayuntamiento. A raíz de ese fallo judicial, la institución local reclamó 134.941,35 de intereses por el tiempo transcurrido desde que se bloquea el pago de esa ayuda, en julio de 2010, y la fecha de la sentencia que mantiene la ayuda al Ayuntamiento en octubre de 2020, los 75.561,68 euros, una vez abonados ya 59.379, 87 euros.
Una causa judicial que se remonta a la gestión de Vázquez
La sentencia está relacionada con la denuncia de irregularidades en la ejecución de obras en el bosque de Valorio con cargo a 1.261.248 euros de fondos Feder, programada cuando era alcalde Antonio Vázquez, del grupo del PP, caso que se denominó de “los conejos de Valorio”. La denuncia impulsada ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por el actual regidor y entonces edil de IU, Francisco Guarido, concluyó con su “estimación total” y la “descertificación de la ayuda Feder” para ese proyecto en ese concreto, explica el Ayuntamiento. Sin embargo, los intereses que ahora recibe la institución enlazan con la “reclamación judicial que efectuó la alcaldesa del PP Rosa Valdeón ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para intentar no devolver 877.420 euros, tras haber retenido el Estado 383.828,67 euros de esos fondos usados para recuperar las laderas de la calle de Villalpando y de Carrascal”. La caducidad en 2014 de los expedientes de la reclamación municipal ante el Ministerio de Hacienda, llevó al Superior de Madrid al archivo del “expediente de reintegro”, con lo que el Ayuntamiento pudo quedarse con los 877.420 euros; y el actual equipo de Gobierno de IU reclamar los intereses por la cantidad retenida.
