Las infracciones por desobediencia, resistencia a la autoridad o negativa a identificarse a requerimiento de los agentes policiales se dispararon el pasado año en Zamora a consecuencia de la aplicación de las normas contra el coronavirus. La provincia registró cifras nunca antes vistas, hasta alcanzar las 3.022 sanciones con multas por valor de 2,3 millones de euros. Unos datos en consonancia con los del conjunto de Castilla y León. Si en el año 2019 se contabilizaron 717 propuestas de denuncia dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza, el pasado ejercicio esas cifras ascendieron hasta las 25.966. Un incremento sin parangón que pone de manifiesto cómo el COVID provocó escenarios poco amables para ciudadanos y agentes.
Este cómputo global de sanciones sumó una cuantía superior en multa económica superior a los 17 millones de euros en el conjunto de Castilla y León, frente a la media de 500.000 euros de los últimos años. La evolución a nivel nacional fue similar y, de las 12.645 multas impuestas en 2019, con una cuantía de algo más de 7,7 millones de euros, se pasó a las 243.001 infracciones, por valor de 174,1 millones de euros.
Por provincias, Valladolid se situó en cabeza con 3.888 sanciones, por delante de Segovia, con 3.239, Palencia (3.058), Burgos (3.029), Zamora (3.022) y Salamanca (2.936). Por su parte, en Soria se impusieron 1.711 infracciones y 2.610 en la provincia de Ávila. Pero los efectos del confinamiento y el estado de alarma no solo se dejaron notar en las infracciones por desobediencia a los agentes.
En sentido contrario evolucionaron las sanciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos. Si en 2019 se impusieron en la comunidad 12.276 multas por importe de 8,2 millones, el pasado año este tipo de sanciones se redujeron hasta las 8.528, con una cuantía de 5,6 millones de euros. Por provincias, Valladolid se situó en cabeza el pasado año con 1.786 infracciones por consumo o tenencia de drogas, por delante de Salamanca, con 1.680; Burgos, con 1.496, y León, con 1.161. En el extremo opuesto se situó Soria con 334, seguida de Zamora, con 459, y Segovia, con 376. En Ávila se interpusieron 791 y en Palencia 445.
El procedimiento administrativo de estas sanciones se inicia cuando las subdelegaciones de Gobierno reciben las denuncias por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces se instruye un expediente que suele acabar en una resolución de sanción. Al igual que las multas de tráfico, si la sanción se paga de forma voluntaria, la cuantía de la multa se reduce a la mitad y el proceso se da por finalizado. No obstante, el presunto infractor tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, lo que generará un nuevo proceso de resolución, e incluso puede ir a la vía judicial.
