El Consejo Consultivo de Castilla y León ha advertido de la importancia del impacto demográfico a la hora del reparto del fondo de 140.000 millones que llegará a España de la Unión Europea para la recuperación tras la crisis del coronavirus, ya que puede ser una oportunidad para luchar contra la despoblación, pero también “profundizar los desequilibrios territoriales” si su reparto es “proporcional a la concentración de actividad económica y población”.
Es una de las ideas que figuran en el primer informe que la institución autonómica con sede en Zamora ha elaborado por propia iniciativa, sobre la evaluación del impacto demográfico en el proceso de elaboración de las normas de la Junta de Castilla y León.
El presidente del Consultivo, Agustín S. de Vega y los consejeros Francisco Ramos, Valle Ares y Juan Vicente Herrera han recogido la idea del impacto demográfico en las normas que se lleva poniendo encima de la mesa desde hace años por parte de numerosas instituciones, como las ponencias contra la despoblación y la de zonas de montaña, ambas del Senado en 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2016), el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones de 2017 o pronunciamientos de la Federación de Municipios y Provincias, la Comisión de Despoblación del Gobierno o la Agenda del Cambio “hacia una economía inclusiva y sostenible”.
"Se ha avanzado poco"
A pesar de estos pronunciamientos, constata el Consultivo “se ha avanzado poco en su concreción e instrumentación técnica”, es decir, en cómo llevar a la práctica este impacto demográfico. Y es precisamente lo que hace el Consejo, mediante un detallado trabajo que primero analiza y centra la cuestión: “Los retos demográficos a los que se enfrenta Castilla y León son la emigración, el envejecimiento de su población, la baja natalidad, la alta mortalidad y la pérdida continua de población, con la consecuente caída de la densidad demográfica, así como los profundos desequilibrios demográficos entre sus provincias y territorios”.
Y, acto seguido da las directrices para llevar a cabo este impacto demográfico, que se puede hacer bien creando una nueva ley frente a los retos demográficos, bien modificando la actual Ley 3/2001 de Gobierno y Administración de la Comunidad, lo que sería más rápido, o bien modificando un decreto y una orden relativas a la mejora de la calidad normativa.
Defiende el Consultivo una “cultura política y administrativa que considere las evaluaciones de impacto como una inversión y no como un puro y engorroso trámite que consume tiempo y recursos que resultan de escasa utilidad, aunque necesarios para sortear el control de los órganos consultivos y jurisdiccionales, en su caso”.
Los campos del impacto demográfico
Y por eso se mete de lleno en las líneas básicas de lo que deben ser la medida de este impacto demográfico, que debe interrogarse por cuatro campos concretos: los impactos en materia de economía y empleo (ver cómo la norma favorece o dificulta la actividad económica en los territorios afectados por demografía en declive), los impactos sociales (valorar la libertad de elección efectiva del lugar de residencia sin costes desproporcionados para disponer de acceso a infraestructuras y servicios), los impactos culturales y de identidad (tener en cuenta la imagen social de capitales de provincia, cabeceras de comarca y pueblos frente a las grandes ciudades, destacando sus ventajas) e impactos de carácter institucional (que las políticas públicas impliquen a todas las administraciones e interlocutores sociales).
El Consejo Consultivo avala la constitucionalidad de la discriminación positiva en las políticas públicas para favorecer a los territorios o colectivos más desfavorecidos.
