El Partido Socialista en la Diputación Provincial ha anunciado que acudirá al Comisionado de Transparencia para conocer una relación detallada de las cantidades extraordinarias que se pagan a funcionarios de la casa “en concepto de productividad”. El portavoz en La Encarnación, Eduardo Folgado, ha explicado que “se trata de una práctica habitual desde hace años” y ha afeado que se realiza “sin que se conozcan los expedientes que motivan y justifican esos pagos que, solo en 2019, ascendieron a 320.000 euros”. Los socialistas han indicado que ese plus de productividad “se reconoce a un pequeño grupo de empleados públicos, en detrimento del colectivo de funcionarios que viene mostrando su rechazo a este tipo de prácticas injustas y clientelares por parte de los sucesivos gobiernos del Partido Popular, ahora con Ciudadanos como entidad colaboradora”.

Folgado ha aclarado que su formación ha pedido por escrito “el desglose de esas productividades, de quién las ha cobrado y en qué cantidades”, sin que se les haya facilitado hasta la fecha. “Lo hemos solicitado por escrito y, además, como marca el reglamento de la Diputación Provincial, también hemos acudido al despacho del secretario general para acceder a una documentación que no se nos ha facilitado, por lo que no tuvimos acceso a toda documentación del Pleno”, ha expresado. Y es que, como detalla el portavoz, en la sesión del pasado viernes se aprobó la Cuenta General de 2019 donde aparecen, “solo en ese ejercicio, 320.000 euros” correspondientes a los pagos por productividad “siempre a través de los decretos de Presidencia”.

El grupo socialista ha ido más allá y ha advertido de que otros funcionarios miran con recelo estas prácticas. “Es sobradamente conocida por todo el personal funcionariado de la Diputación Provincial la parcialidad con la que se reparten las productividades a determinados funcionarios públicos, sin unos criterios objetivos y sin ningún tipo de justificación en casi todos los casos”, ha comentado Folgado. “Un asunto que ha creado un ambiente de malestar general entre los funcionarios, que ven cómo, indiscriminadamente, se reparten importes por productividad siempre a los mismos funcionarios públicos, entendiendo que esta práctica no solo es injusta sino que puede llegar a ser ilegal”, ha declarado el portavoz.