La Diputación de Zamora reclama cambios en el nuevo mapa de transporte de viajeros

El encargado de defender la moción fue el vicepresidente tercero de la institución, Javier Faúndez, que planteó varias alegaciones a la propuesta de la Junta. Una de ellas tiene que ver con la ratio fijada para crear el transporte a demanda de las rutas. La idea de la institución autonómica es utilizar este modelo en los itinerarios que cuenten con menos de 4.500 viajeros al año, una cifra que no se adapta a la realidad de Zamora, a juicio de los responsables de la Diputación.

En ese sentido, Faúndez propuso que la ratio se sitúe en 1.500 viajeros al año, para ajustarla “a la mejora del servicio en las pequeñas localidades de la provincia”. El político alistano subrayó que la cuestión verdaderamente importante que hay en liza es “garantizar el transporte público en todos los municipios”, una vez se plasmen los cambios previstos.

Más allá de esta cuestión, Faúndez defendió la necesidad de estudiar el establecimiento de un transporte metropolitano en los entornos de las mancomunidades urbanas de interés general, “en aras de facilitar los desplazamientos entre los pueblos del alfoz y las zonas urbanas afectadas”. En la provincia, existen dos estructuras de estas características: la de Zamora y la de Benavente.

Por otro lado, Faúndez pidió que las concesiones de la provincia dependan del servicio de Fomento de Zamora, que se recoja la figura de la subcontratación en los nuevos procesos de licitación y que se incluya la subrogación del personal, junto con los vehículos, en los futuros acuerdos.

Ningún grupo político quiso matizar las palabras del vicepresidente tercero y todos aprobaron la moción para dar traslado de las alegaciones a la Junta y para mostrar el apoyo de la institución provincial en su conjunto al sector del transporte de viajeros.

Este asunto formó parte de una sesión plenaria maratoniana, con muchos asuntos y densos debates que se prolongó durante cerca de cuatro horas a través de la plataforma telemática que aún sustituye al Salón de Plenos como lugar de reunión para los 25 representantes de Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos.

Tal fue el volumen de asuntos que hubo tiempo para hablar de otro tipo de transporte. En este caso, el de los ciudadanos para ponerse la vacuna. La encargada de sacar el tema a la palestra fue Laura Rivera, que explicó que “no hay igualdad” en el proceso de inmunización contra el coronavirus dentro del medio rural. La portavoz de Izquierda Unida lamentó que los ciudadanos tengan que utilizar medios personales y privados para desplazarse a recibir su dosis y propuso que la Diputación “tome medidas”, ya sea a través de vehículos a disposición de los afectados o de financiación para aquellos que hayan tenido que poner dinero de su bolsillo a lo largo de este proceso. Aquí no hubo acuerdo. El presidente Francisco José Requejo despachó el asunto apuntando que la institución que preside está abierta a cualquier ayuda que requiera la Junta en esta tarea. Básicamente, dejó el ruego en paso.

Para entonces, ya hacía un par de horas que había quedado aprobada la cuenta general de 2019 de la institución, no sin su acalorado debate pertinente. Los dos portavoces de la oposición, Laura Rivera y Eduardo Folgado, expresaron su disconformidad con algunas cuestiones. La primera, con “la falta de inversión” en algunas áreas y con “la sumisión” del equipo de Gobierno a la hora de afrontar sin rechistar el coste de las competencias impropias encargadas por la Junta, que ascendieron a más de 4,3 millones en el ejercicio objeto del debate; y el socialista, con los “320.000 euros en pagos por productividad otorgados a determinados funcionarios”.

El encargado de defender la cuestión fue el vicepresidente cuarto y responsable del área de Personal, José Luis Prieto Calderón, que se mostró “absolutamente sorprendido por las dos intervenciones” y que defendió un balance “positivo en líneas generales”. El político toresano le espetó a la oposición que “contar solo una parte de la verdad es peor que mentir” y aseveró que “cumplir la ley no es sumiso ni cobarde”.

En cuanto a la cuestión planteada por Folgado, que pidió documentación sobre el asunto al equipo de Gobierno, Prieto le recordó que “tiene acceso a todos los expedientes”. “Lo que debe hacer es ponerse a trabajar”, zanjó el vicepresidente antes de aprobar el punto con el resto de sus compañeros.

La institución aprueba un nuevo reglamento orgánico tras 22 años

Entre los asuntos del orden del día, la Diputación Provincial aprobó este viernes la entrada en vigor de un nuevo reglamento orgánico tras 22 años de funcionamiento del anterior que, a pesar de sus modificaciones, servía como referencia desde el año 1999. Muchas de las cuestiones a las que alude el documento son de carácter técnico o de desarrollo interno de la institución, aunque también hay cuestiones de interés que afectan al ámbito político. En ese sentido, una de las cuestiones más destacadas es la futura creación de los consejos sectoriales, figuras de carácter consultivo vinculadas a las diferentes áreas, que darán voz a miembros de la sociedad civil en asuntos de interés para la provincia.

A partir de ahora, el Pleno será el órgano encargado de definir qué consejos sectoriales se crean y qué personas participan en ellos. Por otro lado, dentro de los mecanismos de control al equipo de Gobierno, el nuevo reglamento institucionaliza también la existencia de un debate sobre el estado de la provincia, que se celebrará con carácter anual durante el primer semestre. La sesión se iniciará siempre con una exposición sobre la situación general de Zamora por parte del presidente o presidenta y continuará con las intervenciones del resto de portavoces.

En cuanto a la formación de los grupos políticos, el reglamento introduce un cambio para permitir que las formaciones que obtengan dos diputados en el mandato puedan tener grupo propio. Hasta ahora, el límite estaba en tres. La portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, pidió que la cifra se redujera a uno solo, pero obtuvo el rechazo del equipo de Gobierno a esa y otras enmiendas que planteó durante el debate.

Reconocimiento al empeño de las tres alistanas que corrigieron a la UE

Otro de los asuntos que logró la unanimidad del Pleno de la Diputación Provincial este viernes fue “el reconocimiento al empeño para cambiar las cosas” de las tres alumnas del instituto de Alcañices que lograron que la Unión Europea corrigiera una página en la que vinculaba a migrantes con terrorismo, “algo que evidentemente puede llevar a fomentar el odio a los refugiados”. De este modo, y a propuesta de Izquierda Unida, los grupos políticos de la institución reivindicaron el papel de Esther Martín, María Pérez y Paula López, así como de su profesor Chema Mezquita. “Aunque estamos muy mediatizados con el concepto de emprendimiento, en realidad hay muchas formas de ponerlo en marcha.

Como reconoce la Comisión Europea en un informe de 2008, el emprendimiento es la capacidad para transformar las ideas en acción. Ellas son emprendedoras”, reconocieron los grupos provinciales en el texto de una moción defendida por Ana Belén González. La representante de IU también dejó patente que las tres jóvenes “han demostrado tener conciencia social, ser solidarias y ponerse en el puesto de otra persona, así como no dejar que limite sus actos la posibilidad de no conseguir algo”. González opinó, además, que la Diputación, como institución pública, “debe defender y visibilizar la educación pública y rural de la provincia, una educación que, como se ha visto, es transformadora”. De este modo, la Diputación trasladó su reconocimiento a las tres chicas alistanas y a su profesor, felicitó al instituto y anunció que instará al Congreso de los Diputados a que los reciba, así como gestionará y financiará una visita de los cuatro al Europarlamento como homenaje a su iniciativa.